La reforma de la Ley de Asilo llega al Congreso

Desde que el Gobierno presentara una primera redacción de lo que será la nueva 'Ley Reguladora del Derecho de Asilo y de la Protección Subsidiaria' el pasado 5 de diciembre, el texto ha sufrido diversas modificaciones a lo largo de las seis sesiones de trabajo celebradas por la Comisión de Interior.

En total, los grupos parlamentarios presentaron 357 enmiendas al proyecto de ley, de las que 35 fueron aceptados en su literalidad y otras 45 [que engloban a 165 enmiendas] fueron transaccionadas.

Entre las medidas que propone el texto reformado se encuentra la equiparación del estatus de refugiado con la protección subsidiaria, es decir, la protección que se presta por motivos humanitarios y no por persecución.

El texto recoge en términos generales, las demandas de PSOE, PP y CIU, cuyos portavoces, Juan Moscoso del Prado, Gonzalo Robles y Mercè Pigem, respectivamente, destacaron el “alto grado de consenso” encontrado a la hora de discutir el texto y coincidieron en que el resultado supone una mejora sustancial de la legislación vigente.

Sin embargo,la coalición IU-ICV-ERC no opina lo mismo ya que cree que esta normativa “no es la ley que necesita este país”. Según afirmó el portavoz de ICV, Joan Herrera, aunque el texto se ha mejorado a lo largo de su tramitación parlamentaria, “sigue siendo insuficiente”, porque, entre otras cosas, no acepta que los ciudadanos europeos puedan solicitar asilo en otro Estado miembro de la UE.

Este es uno de los asuntos que más críticas han suscitado en el entorno de las ONG que trabajan con asilados. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), sostiene que excluir a los comunitarios del derecho de asilo vulnera la Convención de Ginebra sobre el tema, ya que reconoce esta potestad a todos los seres humanos, independientemente del lugar del que procedan o en el que sean perseguidos.

Sin embargo, el dictamen aprobado en la Comisión excluye esta posibilidad porque, según afirmó Moscoso del Prado, reconocer la capacidad de asilo de un ciudadano de la UE es cuestionar la propia naturaleza de la Unión: un grupo de democracias donde se castiga cualquier tipo de persecución.

Otro de los ejes centrales del debate es la capacidad para pedir asilo en las representaciones diplomáticas de España en el mundo, posibilidad reconocida en la legislación vigente y que se había eliminado en el anteproyecto del Gobierno.

Esta vía finalmente se ha incorporado al texto, aunque según CEAR, se ha hecho de forma que a partir de ahora, en vez de ser un derecho del solicitante, se convertirá en una potestad del cónsul o embajador, porque estará en su mano decidir quién debe recibir un visado para viajar a España y pedir refugio.

Asimismo, el proyecto de ley ha incluido finalmente un refuerzo del papel ejercido por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) en la supervisión de las solicitudes y ha eliminado la propuesta de establecer un sistema abreviado para tramitar las peticiones, porque según las ONG, podría implicar menoscabo de los derechos de los solicitantes.

El texto que se votará mañana será después remitido al Senado, donde los trabajos comenzarán cuando se reanude el periodo de sesiones después de las vacaciones parlamentarias. Una vez se pronuncie el Senado, el proyecto de ley viajará de nuevo a las Cortes Generales, donde deberá ser ratificado de nuevo para su promulgación y entrada en vigor, según las previsiones de los grupos parlamentarios, antes de que acabe el año.