Los líderes europeos designarán a Barroso como presidente de la Comisión

Los jefes de Estado y de Gobierno de la UE designarán en la cumbre que empieza hoy a José Manuel Durao Barroso para repetir como presidente de la Comisión Europea durante otros cinco años.

Lo harán mediante un complicado procedimiento, cuyo objetivo es garantizarse el apoyo de la Eurocámara, que sólo concluirá a mediados de julio, según informaron fuentes diplomáticas. También aprobarán las garantías jurídicas que exige Irlanda para poder celebrar un segundo referéndum sobre el Tratado de Lisboa en otoño de este año.

Barroso, que será el segundo presidente que repita tras Jacques Delors, presentó oficialmente su candidatura para un nuevo mandato al frente del Ejecutivo comunitario la semana pasada, tras conocerse la amplia victoria del Partido Popular Europeo (PPE) en las elecciones europeas, aunque ya viene haciendo campaña los últimos meses. Y no hay ningún aspirante alternativo. Tanto el presidente francés, Nicolas Sarkozy, como la canciller alemana, Angela Merkel, afirman que apoyan a Barroso “sin ambigüedades”, pero le han exigido que presente un programa.

El portugués cuenta además con el respaldo de los principales líderes socialistas, entre ellos el presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, el primer ministro británico, Gordon Brown, y el portugués José Sócrates. Ello ha impedido que el Partido Socialista Europeo (PSE) presente un candidato propio.

La presidencia checa afirma que Barroso tiene un “apoyo muy fuerte” entre los Veintisiete, mientras que el portavoz del presidente de la Comisión, Johannes Laitenberger, dijo este miércoles que su candidatura para repetir goza de un “aplastante respaldo” entre líderes de familias políticas diferentes, entre ellos conservadores, liberales y socialistas.

Está previsto que la reelección de Barroso se aborde durante la cena de trabajo de los líderes europeos, que empieza a las 20:00 horas. En primer lugar, el presidente de la Comisión presentará a los jefes de Estado y de Gobierno un esbozo de su programa político para los próximos cinco años, tal y como ha reclamado Sarkozy.

El presidente francés quiere que el programa tenga como prioridad “proteger” a los ciudadanos europeos y reforzar la regulación financiera. Pero otras delegaciones, como la británica, esperan que confirme su compromiso con la apertura del mercado interior y el libre comercio.

A continuación, los líderes europeos expresarán su “apoyo político” a la continuidad de Barroso, pero sin tomar todavía la decisión jurídica correspondiente, según las fuentes consultadas. Con ello, se dará tiempo para mantener contactos informales con el nuevo Parlamento Europeo.

El objetivo es reducir el riesgo de que la Eurocámara se rebele y rechace la elección de los 27 por no haber sido consultada. Si la presidencia constata que hay una mayoría simple en la Eurocámara a favor de Barroso, se aprobará la decisión jurídica que lo nombra por procedimiento escrito, es decir, sin necesidad de una nueva cumbre, y se someterá a ratificación del pleno el 15 de julio.

Hasta ahora, sólo el copresidente de los Verdes, Daniel Cohn-Bendit, ha lanzado una campaña para frustrar la reelección de Barroso. Sus argumentos son más de procedimiento que de fondo. Cohn-Bendit recuerda que el mandato de la Comisión termina en noviembre y pide que, antes de tomar una decisión sobre el nuevo presidente, se espere a saber qué sucede con el Tratado de Lisboa. Sobre el perfil de Barroso, critican que fuera el organizador de la cumbre de las Azores, en la que se preparó la guerra de Irak, que no regulara a tiempo los mercados financieros y que no haya respondido de forma suficiente a la crisis.

Por su parte, el presidente del grupo socialista en la Eurocámara, Martin Schulz, ha pedido sobre todo que se retrase el nombramiento de Barroso, una exigencia que será en parte atendida con la fórmula que se ha buscado para designarle. Ello podría facilitar que parte de los socialistas voten a su favor.

GARANTÍAS IRLANDESAS

El Consejo Europeo comenzará con otro tema institucional, la discusión sobre las garantías jurídicas que reclama Irlanda para convocar un segundo referéndum para ratificar el Tratado de Lisboa, que se celebrará probablemente a finales de septiembre o en octubre. La fecha concreta podría ser anunciada durante la cumbre por el primer ministro, Brian Cowen.

Irlanda quiere que se deje claro que, tras la entrada en vigor de Lisboa, se respetará la neutralidad militar irlandesa, los temas de fiscalidad seguirán sometidos a la regla de unanimidad y la UE no abordará la cuestión del aborto. Además, no se reducirá el tamaño de la Comisión Europea, como preveía este Tratado, sino que seguirá habiendo un comisario por país. Junto a estas garantías, se aprobará una declaración sobre los derechos de los trabajadores y la política social.

Con ello, la UE considera que están respondiendo a las preocupaciones de los irlandeses que resultaron en el 'no' en el referéndum celebrado en junio de 2008. Las últimas encuestas muestran que los irlandeses votarán 'sí' en una nueva consulta porque consideran que la pertenencia a la UE ha sido un factor de protección frente a la crisis financiera, que ha afectado con especial virulencia al país.

Hay prácticamente acuerdo sobre el contenido de las garantías, pero persisten las discrepancias sobre la forma jurídica que deben adoptar estas garantías. El Gobierno irlandés reclama que se recojan en un protocolo, lo cual obligaría a una nueva ratificación por parte de todos los Estados miembros, que podría llevarse a cabo al mismo tiempo que la ratificación del Tratado de Adhesión de Croacia en 2010 o 2011.

Pero otros países, encabezados por Reino Unido, Polonia o República Checa, rechazan un nuevo protocolo irlandés, porque la obligación de ratificar reabriría el debate sobre el Tratado de Lisboa.

Todo apunta a que la solución final será aprobar una decisión del Consejo Europeo, que es jurídicamente vinculante y aplicable de inmediato, y que no requiere ser ratificada, aunque su estatus jurídico es menos potente que el de un protocolo. Es lo que se hizo con las garantías que se dieron a Dinamarca tras su rechazo del Tratado de Maastricht en 1992, aunque posteriormente se convirtieron en protocolo adjunto al Tratado de Amsterdam.

Las garantías estipulan que ni el Tratado ni la Carta de Derechos Fundamentales afectan de ninguna manera a la protección del derecho a la vida, a la protección de la familia y a la protección del derecho a la educación tal y como están establecidos por la Constitución de Irlanda. También dejan claro que Lisboa “no cambia de ninguna manera” las competencias de la UE en relación con la fiscalidad.

Por lo que se refiere a la neutralidad militar, se resalta que el Tratado de Lisboa “no estipula la creación de un Ejército Europeo ni el reclutamiento para ninguna formación militar”. “No afecta al derecho de Irlanda o de ningún otro Estado miembro a determinar la naturaleza y el volumen de su gasto en seguridad y defensa y la naturaleza de sus capacidades de defensa”, señala el texto.

Irlanda tendrá plena libertad para “determinar la naturaleza de la ayuda o de la asistencia que debe prestar a un Estado miembro que ha sido objeto de un ataque terrorista o la víctima de una agresión armada en su territorio”.

En paralelo a la cuestión irlandesa, España había exigido obtener garantías jurídicas de que, cuando entre en vigor el Tratado de Lisboa, recuperará los cuatro eurodiputados que ha perdido en estas elecciones europeas. Pero la presidencia checa se opone a incluir estas garantías en las conclusiones de la cumbre y dice que el asunto ya quedó resuelto en el Consejo Europeo de diciembre de 2008.