Enrique Múgica desarrollará el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura

La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha anunciado en el Congreso que el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, será el encargado de la aplicación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura que el Ejecutivo se comprometió a crear en el marco del Plan de Derechos Humanos aprobado en Consejo de Ministros el pasado mes de diciembre.

Durante su comparecencia, De la Vega explicó que la intención del Gobierno es que se el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura se integre en la institución del Defensor del Pueblo, “ya que esta institución tiene legalmente atribuidas las funciones que prevé para este nuevo Mecanismo Nacional, el Protocolo facultativo de la Convención contra la tortura”.

La Vicepresidenta afirma que ya se han cumplido casi 40 medidas de las incluidas en el plan, mientras que otras se encuentran en proceso de cumplimiento. Con esto, afirmó que el Gobierno “está en condiciones de cumplir lo que se le ha exigido en el Congreso de los Diputados”.

El Plan de Derechos Humanos recoge un total de 172 medidas divididas entre el plano nacional y el plano internacional de aplicación. Abarca iniciativas para responder a derechos sociales como la educación, la salud o la vivienda, e incluye además garantías en otros ámbitos, como el asilo, la justicia o el derecho a un medioambiente adecuado. Tiene una vigencia de 4 años.

El diputado del PP, Juan Ignacio Gil Lázaro, criticó la demora del Gobierno en presentar este plan y le reclamó medidas concretas para su aplicación. Mostró su preocupación ante el respeto al principio de igualdad, sobre todo, ante el contexto económico de crisis que vive el país. Para cerrar su intervención, apuntó que “no es verdad que cada medida del plan sea una garantía real”, afirmando después que “la garantía real vendrá determinada por lo que haga por el respeto y el servicio a los intereses general y por su lealtad a la verdad”.

El diputado de ERC, Joan Tardá, criticó que el Gobierno todavía no haya puesto en marcha medidas contra la tortura. Otra de sus acusaciones fue que el Gobierno no aborde los problemas de los inmigrantes. También pidió que se condicionen las relaciones de España con otros países al respeto a los Derechos Humanos de estos últimos.

Emilio Olabarría, diputado del PNV, recalcó que no se han presentado plazos ni financiación para dar cumplimiento al plan y criticó que la vicepresidenta no hubiese glosado las distintas partes del texto en su intervención. “Estoy desorientado”, confesó el diputado nacionalista. Sobre la tortura, dijo que todavía existen espacios de legitimidad en nuestro país, sobre todo, en el ámbito de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. “Es una cuestión relevante”, agregó.

Por su parte, el diputado de CIU Carles Campuzano dijo que al plan “le falta concreción”, ya que no va acompañado de un calendario ni de un presupuesto y pidió que se amplíen contenidos sobre determinados puntos. Coincidió con Olabarría en señalar las “malas prácticas” de los cuerpos policiales.

Finalmente, Elviro Aranda, diputado del PSOE, criticó al PP por minusvalorar la Alianza de Civilizaciones y agradeció al Gobierno la aprobación y puesta en marcha del plan. “Los Derechos Humanos son la esencia de las democracias modernas. Es muy difícil conquistarlos, pero es muy fácil perderlos y que queden en papel mojado”, advirtió Aranda.