Podrían derogarse los decretos cuestionados por los indígenas

El primer ministro peruano, Yehude Simón, ha anunciado que el Gobierno pedirá al Congreso de la República de Perú que se deroguen los decretos legislativos 1090 y 1064, cuestionados por las comunidades nativas y que motivaron las violentas protestas de hace dos semanas en las que murieron al menos 33 personas, entre policías e indígenas.

“Mañana mismo vamos a presentar el proyecto de ley pidiendo al Congreso que se derogue el decreto 1090 y 1064”, explicó Yehude, según informa la agencia oficial Andina, al tiempo que anunció que se levantará el estado de emergencia en el Amazonas impuesto a raíz de los enfrentamientos entre policías y grupos indígenas. Los citados decretos afectan a los recursos naturales de los territorios donde residen las comunidades indígenas.

Previamente, la presidenta en funciones de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Daysi Zapata, había declarado a la emisora RPP que el Gobierno había dejado a esta organización, cuyo líder y promotor de las protestas ha pedido asilo en Nicaragua, fuera de las conversaciones con las comunidades indígenas para resolver el conflicto. “No confiamos en este Gobierno”, afirmó la líder indígena, que pidió derogar el decreto 1090.

Asimismo, solicitó que se suspenda la persecución a los cuatro dirigentes de su organización y que se elimine el toque de queda en Bagua, donde se produjeron los enfrentamientos, para entablar un diálogo.

Ante la situación de Bagua, el primer ministro, en declaraciones recogidas por el diario El Comercio, afirma que la comisión parlamentaria que investigará los sucesos ocurridos en este lugar no debe tener carga política.“Yo aspiro que esta comisión no tenga carga política, porque de lo contrario tendremos un problema. El Congreso está en su libre derecho de hacer las investigaciones, pero como Ejecutivo haremos los esfuerzos para proponer gente absolutamente independiente, creíble y éticamente intachables”, declaró.

El pleno del Congreso aprobó formar una comisión multipartidaria encargada de investigar los hechos de violencia en Bagua por un plazo de 120 días.

Además, Simón insistió en pedir responsabilidades: “Yo miro ahora el presente y el futuro, y tengo la esperanza que se castigue a todos los asesinos tanto los policías como los otros. Porque más allá de quien disparó, hay otros responsables, aquellos que engañaron a nativos, que les dijeron que los decretos eran inconstitucionales en vez de buscar una posibilidad de diálogo”.