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El 10 de junio de 2009

Tiempo de lectura: 01:56
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Muchos fallecidos aún figuran como dependientes oficiales

Las cifras de dependientes que asiste la actual ley de dependencia están infladas con miles de personas fallecidas que siguen  constando como beneficiarios de las ayudas.

Redacción

La cifra oficial de usuarios de la Ley de Dependencia española contiene un alto número de personas fallecidas que se calculan en miles. Por estas personas, el Gobierno debe seguir pagando a las Comunidades, al no disponer de información sobre las defunciones.

 

La mayoría de usuarios de esta ley cuenta con más de ochenta años y son un sector de edad en la que la mortalidad alcanza el 10 %. El fallecimiento de muchas de estas personas provoca que tantas otras queden desatendidas por la Administración, por lo que diversas comunidades vienen pidiendo que se limpien las cifras para ajustarlas a la realidad y dar un apoyo efectivo a las personas beneficiarias de las ayudas.

 

Se ha alcanzado un acuerdo entre Gobierno y comunidades para depurar estas cifras y sacar cuanto antes el número oficial de personas fallecidas, para que los datos que se elaboren de aquí en adelante sean más reales de lo que lo han sido desde la puesta en marcha de esta ley en 2007.

 

Otro de los objetivos, según el Gobierno de España, es que las Comunidades Autónomas tengan información actualizada sobre los fallecimientos para que puedan tramitar las bajas con mayor eficiencia. Para hacer constar los fallecimientos, se cruzarán los datos con las cifras de fallecidos que proporciona el Instituto Nacional de Estadística mensualmente, y que para el Gobierno se trata de una fuente fiable.

 

Actualmente, se tienen cifras de expedientes tramitados como bajas que ascienden al 3% del total, una cifra que, según el Gobierno, no refleja la realidad de la tasa de fallecimientos, en términos estadísticos, de los beneficiarios de la ley. Las cifras del INE y las de las administraciones encargadas de gestionar las ayudas a la dependencia, no concuerdan.

 

La Administración pública hace efectiva a las comunidades las cantidades que proceden con respecto al número de beneficiarios reconocidos en situación de dependencia con derecho a prestaciones que hay en cada una de ellas.

 

En España hay actualmente 649.056 personas con derecho a este tipo de prestaciones, que han sido evaluados y se les ha reconocido la condición de dependientes, de ellos, solo 391.349 están recibiendo ya, de forma efectiva, su ayuda asignada. El resto se encuentran a la espera de la resolución de sus trámites, y entre ellos, numerosas personas ya fallecidas.

 

La Ley de Dependencia es financiada por tres vías: el primer nivel llamado mínimo es el que se asigna por cada beneficiario, el nivel denominado acordado es un fondo que se reparte en las comunidades en dos bloques que atienden a criterios de población y en función de las personas declaradas dependientes en esa autonomía, y el tercer nivel corresponde al plan contra la crisis del Gobierno, por el cual se han destinado 400 millones para la Ley de Dependencia.

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