Uruguay se declara culpable
La Ley de Reparación Integral a las víctimas de la dictadura suscrita el pasado lunes por el presidente Tabaré Vazquez, busca la “compensación” por los daños causados a la población uruguaya entre el 13 de junio de 1968, cuando el presidente conservador Jorge Pacheco Areco decretó la limitación de las libertades civiles, y el 28 de febrero de 1985, cuando llegó al poder el primer presidente democrático tras 12 años de dictadura, Julio María Sanguinetti.
A través de esta iniciativa, el Estado no solo se reconoce culpable por crímenes, vulneración de Derechos Humanos y practicas de terrorismo de Estado, sino que, siguiendo las indicaciones de la Carta de Naciones Unidas, ofrece una indemnización económica y asistencia profesional tanto a las víctimas como a sus familiares.
Se espera que esta Ley sea finalmente aprobada el próximo 20 de mayo, coincidiendo con el trigésimo aniversario del asesinato de cuatro destacados opositores a la dictadura exiliados en Buenos Aires.
Mientras se prevé que la Ley empiece a ser debatida en el Parlamento esta misma semana, la cúpula política uruguaya se encuentra dividida.
Los partidarios de Tabaré Vázquez, primer presidente izquierdista de la historia de Uruguay, dan por hecha la aprobación de la iniciativa ya que dominan mayoritariamente las dos Cámaras del Parlamento.
Los partidos opositores, Nacional y Colorado, sin embargo, critican el carácter unilateral de la misma alegando que únicamente propone la indemnización “de un bando”, dejando fuera a quienes padecieron la violencia de la guerrilla Tupamara “sin haber pertenecido a organismos del Estado”.
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