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Cuando los criterios religiosos se imponen

Rioja2

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A mediados del mes de abril, Asif Ali Zardari, presidente de Pakistán, ponía fin a un conflicto que enfrentaba a talibanes y Fuerzas Armadas desde hacía más de un año en el valle de Swat, situado en el norte del país. El precio a pagar por el alto al fuego fue la instauración oficial de la ley islámica (sharia) en el convulso valle y localidades aledañas, a cuyo acuerdo se había llegado en febrero de 2009.

Mientras los unos acusaban a los insurgentes de utilizar miles de civiles como escudos humanos, y los otros al gobierno de no respetar el pacto y ser incluso ‘más enemigos del Islam que los propios Estados Unidos’; la inestabilidad de la región volvía a ponerse en evidencia con el aviso gubernamental de posibles nuevos combates con militantes talibanes, justificado por el mantenimiento de las hostilidades por parte de estos últimos. Al anuncio acompañaron desplazamientos humanos –las autoridades prevén cerca de un millón de desplazados- hacia otras zonas del país.

Al avance talibán hacia el interior y el sur de Pakistán, hasta alcanzar el estratégico valle de Buner (situado a un centenar de kilómetros de la capital, Islamabad), ha respondido el Pentágono y Departamento de Estado norteamericano con una frenética actividad que incluye conversaciones más directas y sucesivas con autoridades pakistaníes y afganas, así como ayudas económicas para entrenamiento y equipamiento de las fuerzas armadas pakistaníes.

La presencia de los talibanes en Buner ha sido interpretada como un recordatorio del pacto de febrero referente a la implantación de la sharia en los seis distritos de lo que hasta el año 2000 incluía la región de Malakand (división territorial que hoy comprende: Buner, Chitral, Dir, Malakand, Shangla y Swat) y no limitado geográficamente a uno de sus distritos.

No obstante, conviene recordar que si bien la legislación islámica está contemplada en la Constitución de la República Islámica de Pakistán como fuente suprema de derecho, no estaría permitida su aplicación literal –como pretenden hacer valer los islamistas en la zona en que ha sido instaurada- ya que determinadas prescripciones atentan contra los derechos humanos y libertades fundamentales también proclamados en la Carta Magna.

Extracto públicado en Panorámica Social. Para leer el artículo completo haga clic en: Panorámica Social.

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