La Ley de Responsabilidad Medioambiental se instalará este jueves
La Comisión Técnica para el desarrollo del reglamento de desarrollo de la Ley de Responsabilidad Medioambiental se instalará este jueves, 23 de abril, cuando se definirá su estructura y los distintos grupos de trabajo con que contarán para facilitar la coordinación entre el Estado y las Comunidades Autónomas en esta materia, según informaron fuentes del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino a Europa Press.
El desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental fue aprobado por el Real Decreto 2090/ 2008 para dar cumplimiento a la Ley de Responsabilidad Medioambiental que obligará a las empresas a partir de 2011 a disponer de una garantía financiera para cubrir las posibles irresponsabilidades medioambientales en que pudieran incurrir.
Así, se indicó que en la comisión habrá una vicepresidencia, que dependerá de la directora general de declaración de impacto ambiental, María Jesús Rodríguez de Sancho, una vicepresidencia -a la que se han ofrecido presidentes de varias comunidades autónomas-, y varias vocalías. Sin embargo, aún se desconoce cuál será la composición final, que será dirimida este jueves en la reunión.
Según las mismas fuentes, se pretende que tanto la comisión técnica como los distintos grupos de trabajo tengan un carácter “participativo”, y por ello se prevé que formen parte de ella expertos, representantes de la sociedad civil como organizaciones sindicales, medioambientales y empresariales.
El objetivo de la ley es dar cobertura legal al principio de “quien contamina, paga y repara”. El texto incorpora una modificación del Senado que limita estas obligaciones para empresas españolas que trabajen con fondos públicos en países fuera de la UE.
En general, la norma obligará a más de 5.000 empresas industriales, más de un millón de explotaciones agrarias y más de 30.000 empresas de transporte y mercancías a corregir los posibles daños que ocasionen al medio ambiente y con ello se quiere evitar que la factura de la reparación sea sufragada por los presupuestos públicos.
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