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El 17 de abril de 2009

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Greenpeace reivindica más Zonas Libres de Transgénicos

Voluntarios de Greenpeace entregaron hoy en los Registros Públicos de 37 ayuntamientos, tres diputaciones, cuatro gobiernos autonómicos y una delegación del gobierno una serie de escritos en los que se les pide que se declaren Zona Libre de Transgénicos (ZLT).

Europa Press

Con motivo de la celebración del Día Mundial del Campesinado, los ecologistas solicitan que se adopten medidas activas contra el empleo de Organismos Modificados Genéticamente (OMG) y que "preserven su agricultura y su entorno frente a los riesgos de este tipo de cultivos", según explicaron en un comunicado.

Una zona libre de transgénicos es un municipio, comarca, provincia o región en la cual queda prohibido el cultivo de OMG. En España, por ejemplo, cuatro comunidades (Asturias, Baleares, Canarias, País Vasco) se han declarado ZLT, al igual que varias comarcas (como Sierra del Segura) y decenas de municipios, entre los que se encuentran Albacete o Vitoria-Gasteiz.

No obstante, la organización critica que comunidades como Aragón, Cataluña o Castilla-La Mancha siguen optando por estos, a su juicio, "peligrosos cultivos" y denuncian que diez años después de la introducción de los OMG, "las grandes promesas de la industria para hacerse realidad".

"Recordemos que, ante la agresión sin precedentes que suponen estos peligrosos cultivos, más de 180 regiones y más de 4.500 municipios de toda la Unión Europea se ha declarado libres de transgénicos", señaló el responsable de la campaña contra los transgénicos de Greenpeace, Juan Felipe Carrasco, que interpreta esta situación como "un claro mensaje" a los que "anteponen los intereses de las multinacionales a los de la ciudadanía y el medio ambiente".

En este sentido, Carrasco mencionó que España, "el único país de la UE que cultiva maíz transgénico a gran escala", sigue permitiendo que multinacionales como Monsanto "campen a su anchas". Además, y remitiéndose a la reciente veto a este cultivo por parte de Alemania, afirmó que las administraciones públicas "tienen absoluta legitimidad para prohibir estas aberraciones biológicas en sus territorios".

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