Garzón interrogará de nuevo a los alcaldes de Pozuelo de Alarcón y Arganda del Rey

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El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón interrogará el próximo miércoles, a partir de las 10.00 horas, a los seis nuevos imputados en el denominado 'caso Gürtel', entre los que se encuentran los ex alcaldes de Pozuelo de Alarcón y Arganda del Rey (Madrid), Jesús Sepúlveda y Ginés López (ambos del PP), respectivamente, informaron fuentes jurídicas.

Los ex regidores dimitieron de sus cargos después de que el pasado día 5 el juez les imputara inidiciariamente por considerar que podrían haber cobrado 523.439 euros en el caso de López y 422.992 en el de Sepúlveda, en concepto de comisiones a cambio de adjudicaciones a las empresas del presunto cabecilla de la trama, Francisco Correa.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 también tomará declaración al ex diputado madrileño y ex viceconsejero de Inmigración Carlos Clemente; al ex edil de Boadilla del Monte José Galeote; al ex concejal de Estepona (Málaga) Ricardo Galeote; y a Tomás Martín Morales, que fue director general de Gestión Urbanística y Consumo del Ayuntamiento de Boadilla.

En concreto, los informes de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) del Cuerpo Nacional del Policía contenidos en el auto de imputación de Garzón señalaban que José Galeote habría cobrado comisiones por importe de 612.506 euros; Ricardo Galeote habría percibido 42.469 euros; y Carlos Clemente, 16.000. Martín Morales, por su parte, se habría repartido 510.000 euros con el ex alcalde de Boadilla del Monte Arturo González Panero y habría percibido en solitario otros 378.172.

MONOPOLIO EN LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS

Los seis comparecientes están imputados indiciariamente por los delitos de asociación ilícita, cohecho, tráfico de influencias, falsedad y blanqueo de los capitales. En estos ayuntamientos, según la resolución judicial de Garzón, Correa llegó a “gozar” de “una situación próxima al monopolio” en la organización de eventos.

Asimismo, el empresario entró, según el juez, en “el sector de la construcción de alto nivel especulativo aprovechando el control de los municipios y el hecho de que las sociedades municipales de gestión de suelo se realizaban importantes actuaciones para el desarrollo de nuevas áreas”.

La imputación de todos ellos se debe a que sus nombres aparecían en un 'pen drive' que el financiero del entramado, José Luis Izquierdo, guardaba en la sede que las empresas de la trama de Correa tenía en la calle Serrano de Madrid. En estos apuntes de “contabilidad B” existía una cuenta por cada persona física, jurídica o evento de los que tuviera que realizar alguna anotación contable, algunas de las cuales estaban designadas con el nombre de los imputados o con sus iniciales.

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