Los agricultores y ganaderos riojanos son los que más cumplen las condiciones de la PAC

Los agricultores y ganaderos de La Rioja están entre los que mejor cumplen la condicionalidad de la PAC, según un informe presentado recientemente por el Fondo Español de Garantía Agraria y recogido por la Unión de Campesinos en Castilla y León (UCCL).

La Rioja es junto a Baleares, Aragón y Castilla y León, “una de las cuatro comunidades en la que los controles sobre el terreno han superado los porcentajes establecidos”. DIFICULTADES PARA CUMPLIR LA NORMATIVA

Para UCCL, la “profesionalidad” demostrada por los productores del campo de Castilla y León “no es óbice para las administraciones públicas sean conscientes de la necesidad de recortar los hasta 155 requisitos que son necesarios para cumplir lo que marca la normativa comunitaria en este sentido”.

Según recordó UCCL en un comunicado de prensa recogido por Europa Press, la reforma de la PAC aprobada en el año 2003 presenta, como aspectos más novedosos, la “progresiva desvinculación” de la producción de las ayudas directas al sector agrario junto al establecimiento de la “condicionalidad” como requisito fundamental a cumplir para percibir la totalidad de los pagos y primas ganaderas “siempre unida a medidas ligadas a la aplicación de sistemas de producción que garanticen la salubridad de los productos obtenidos y su adecuación a las exigencias de conservación y mejora del territorio sobre el que se asientan las explotaciones”.

Esta nueva normativa entró en vigor el 1 de enero de 2005 incluyendo buena parte de las condiciones y requisitos demandados, como medidas destinadas a conservar las aves silvestres, las buenas condiciones agrarias y medioambientales, protección de las aguas subterráneas y conservación de los hábitat naturales y flora y fauna silvestre.

Posteriormente, añadió UCCL, el 1 de enero de 2006 se incrementaron estas medidas con otras relacionadas con los fitosanitarios, notificaciones de enfermedades ganaderas.

Entre las principales novedades que la 'condicionalidad de 2007' con respecto a la aplicada en campañas anteriores están los requisitos relacionados con el bienestar animal, como la protección de terneros y cerdos así como la de los animales de las distintas explotaciones.

Además, se ha elevado el número de controles sobre el terreno en el caso de las identificaciones de ovino-caprino. La condicionalidad se ha comenzado también a aplicar a determinados beneficiarios de medidas de desarrollo rural como las indemnizaciones compensatorias por zona de montaña, la ayudas de la Red Natura 2000, las ayudas agroambientales, las relacionadas con las políticas de aguas, medidas de forestación de tierras agrícolas y se han fijado requisitos mínimos en la utilización de fitosanitarios y abonos.

Según los datos aportados por UCCL, de los 905.055 solicitantes de la PAC de ayudas directas en 2007 se realizaron controles sobre el terreno a 18.940 solicitantes, lo que equivale, aproximadamente, al 2 por ciento, “cifra que supera ampliamente lo fijado por la normativa comunitaria en el Reglamento CE 796/2004 en la que se habla del 1 por ciento, aunque el citado porcentaje de control se eleva en lo relativo a la identificación y registro de animales hasta el 5 por ciento cuando se trate de bovino y del 3 por ciento cuando hagamos referencia al ovino-caprino, niveles que las distintas administraciones públicas han superado en España”.

En este punto, UCCL insistió en que Castilla y León es, junto a Baleares, Aragón y La Rioja, “una de las cuatro comunidades en la que los controles sobre el terreno han superado los porcentajes establecidos”.

Entre los requisitos y normas que mayor grado de incumplimiento han tenido en el conjunto del estado español figuran las que hacen referencia a la protección del agua contra la contaminación por nitratos en zonas vulnerables, las condiciones relacionadas con la seguridad alimentaria, los relativos a la protección de animales, la identificación y registro de ovino-caprino y bovino y la comercialización de productos fitosanitarios.

En Castilla y León hubo en 2007 un total de 97.617 solicitantes de pagos directos y beneficiarios de unas de las ocho medidas de Desarrollo Rural que demandan cumplir la condicionalidad para percibir la totalidad de los importes de las ayudas.

En virtud de la normativa establecida y como recoge el citado informe del FEGA se llevaron a cabo casi 2.000 inspecciones, 1.979 exactamente, resultando sancionados 158.