El Observatorio de la Dependencia otorga un 6,5 sobre 10 a La Rioja en la aplicación de la ley
El Observatorio de la Dependencia ha calificado con un 6,5 sobre 10 a La Rioja en la aplicación de esta ley, una nota que se comparte con Asturias y Navarra, según consta en el dictamen que esta entidad ha redactado una vez superado el plazo de excepcionalidad de la Ley, al cumplirse dos años desde su puesta en marcha.
En él, la Región de Murcia ha obtenido la calificación más baja, con un dos sobre diez. Con un 'suspenso' están también Extremadura (4), Baleares (3,5), Comunidad Valenciana, Madrid y Canarias (las tres con 2,5).
El dictamen del Observatorio para la Dependencia clasifica a las comunidades en tres bloques, en función a su puntuación. Así, con un 'notable' están Andalucía, Aragón y Castilla y León (las tres con un ocho), así como País Vasco (7,5). Reciben un 'aprobado' Asturias, Navarra y La Rioja (un 6,5 las tres), así como Castilla-La Mancha y Galicia (ambas con un 6).
Los criterios recogidos en el cuestionario fueron diez indicadores objetivos relativos a normativa, apoyo ayuntamientos, equilibrio prestaciones /servicios, solicitudes, dictámenes, prestaciones sin especificar, coordinación con las EELL, nuevas leyes autonómicas, integración en los servicios sociales e innovación y buenas prácticas.
El estudio del Observatorio de la Dependencia valora el éxito de implantación de la Ley de la Dependencia en Aragón, Andalucía, Castilla y León y el País Vasco ya que, en estas cuatro comunidades, se ha instaurado un modelo en el que las entidades locales tienen un “destacado protagonismo”, así como una coordinación “bien definida” ente la propia comunidad autónoma y las entidades locales de su territorio, han precisado las mismas fuentes.
El Observatorio de la Ley de Dependencia destaca positivamente el esfuerzo de algunas comunidades autónomas por impulsar la descentralización, la colaboración entre las administraciones local y autonómica, el refuerzo de la red de servicios sociales básicos y las fórmulas de atención personalizada, así como la simplificación de los procedimientos administrativos para mejorar la calidad de la atención de las personas en situación de dependencia.
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