Garzón encuentra indicios de diputados o senadores implicados en la trama 'Correa'
Garzón ha preguntado si debe inhibirse a los TS de Madrid o Valencia o sólo al nacional. El magistrado de la Audiencia Nacional plantea esta cuestión en una providencia en la que da un plazo de 48 horas a la Fiscalía Anticorrupción para que responda “urgentemente” si mantiene su petición de inhibición ante los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Valencia, como era su intención, o si considera más procedente realizar una única inhibición ante el TS.
En esta providencia, notificada dos horas después de que el PP se querellara contra él por prevaricación y tras alzar parcialmente el secreto de sumario, el magistrado explica que un nuevo informe policial presentado el martes a las tres y media de la tarde refleja nuevos casos de aforados que implican a la competencia del Tribunal Supremo.
La providencia conecta los nuevos datos con los aforados implicados en MadridEl informe policial remitido al instructor por la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) contiene “nuevos datos que podrían resultar fundamentales para la revisión de las exposiciones razonadas y la aparición de un posible nuevo casos de aforamiento”, dice la providencia.
Así mismo el juez se refiere a una conexión entre esos datos y los aforados de la Comunidad de Madrid implicados.
El juez dictó de forma paralela un auto por el que levanta de forma parcial el secreto que pesa sobre las actuaciones para poder así comunicar a la Fiscalía Anticorrupción la providencia.YA HAY CARGOS REGIONALES IMPLICADOS
En cualquier caso, el documento no cita ningún nombre concreto de posibles implicados en esta trama que ya ha salpicado a diputados y cargos regionales en Madrid y Valencia.
En la causa están imputadas 37 personas, entre las que se encuentran los ex alcaldes de las localidades madrileñas de Boadilla del Monte y Majadahonda, Arturo González Panero y Guillermo Ortega, respectivamente. Garzón investiga una presunta trama de corrupción y tráfico de influencias que habría ofrecido “dádivas y sobornos” a funcionarios y autoridades de administraciones del PP en las comunidades de Madrid y Valencia a cambio de favores políticos.
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