El recurso ante el TC sobre la asignatura será presentado en un mes y medio, según los objetores

La plataforma opositora a la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos (EpC) Profesionales por la Ética calcula que en “aproximadamente” en un mes y medio los padres a los que el Tribunal Supremo ha impedido en cuatro sentencias la objeción de conciencia a la materia presentarán un recurso ante el Tribunal Constitucional.

Según explicó el presidente de esta entidad, Jaime Urcelay, los abogados de los padres asturianos, cuando tengan una comunicación formal de la sentencia del TS, tienen “primero” que presentar un incidente de nulidad ante el Alto Tribunal para que éste lo resuelva a través de un auto. A partir de la obtención de este documento, y con un plazo máximo de 20 días, “se calcula que entrará en el Constitucional en aproximadamente un mes y medio” el anunciado recurso.

En este contexto, varias plataformas de padres opositores a EpC anunciaron que se va a producir en los tribunales autonómicos “un colapso” por el “aluvión” de recursos contecioso-administrativos que van a presentar con motivo de la sentencia del Supremo. A su juicio, el fallo les ha dejado la “varias vías abiertas” para impugnar no sólo los contenidos, sino también los textos o la forma de impartir la materia por parte del profesorado.

Bajo la consigna, 'Frente al adoctrinamiento, libertad', cinco representantes de las 67 entidades contrarias a la asignatura obligatoria expusieron las líneas de actuación que van a seguir para defenderse de la “intromisión ilegítima del Estado a través de la educación”. “Todos los padres compartimos un objetivo final y lucharemos por alcanzarlo, utilizando, cada uno, los medios que tengamos a nuestro alcance”, aseveró la presidenta de 'Soria Educa en Libertad', Marisa Pérez.

Avanzaron, asimismo, que pedirán al Gobierno que anule las normas reguladoras de esta asignatura, “si ésta invadiera el derecho de los padres a decidir la enseñanza que deben recibir sus hijos en materia religiosa o moral”; y paralizar la impartición de las asignaturas mediante los tribunales de lo Contencioso-Administrativo “si se demuestra que hay adoctrinamiento”.

Concretaron que “para garantizar la neutralidad ideológica” han propuesto a las consejerías de Educación autonómicas que informen a los centros públicos, mediante una circular, del alcance de las sentencias del Alto tribunal; y ha reivindicado que los inspectores de Educación de las comunidades autónomas “supervisen” la práctica educativa de los centros públicos, con el objetivo de “cumplir con las sentencias”.

Por último, señalaron la “necesidad” de que “esta imposición de objetivos y criterios de evaluación”, así como la “reducción” de contenidos propios que son asignados a Educación para la Ciudadanía, “no altere” las tradicionales asignaturas de Ética y de Filosofía, que, consideraron, “son imprescindibles para los alumnos en su desarrollo como personas íntegras y, por consiguiente, como buenos ciudadanos”.