Denuncian que muchas CC.AA. niegan a mujeres con VIH el acceso a la reproducción asistida

La “mayoría” de las comunidades autónomas niegan a las mujeres infectadas con VIH el acceso a las técnicas de reproducción asistidaen centros públicos y privados, “aludiendo como única razón su estado serológico”, según denuncia la coordinadora Estatal de VIH/Sida CESIDA, que reclama a las autoridades sanitarias “medidas concretas” para acabar con esta “clara situación de discriminación”.

En un comunicado, CESIDA recordó hoy que las técnicas de reproducción asistida son “útiles, seguras y eficaces” también para las personas con VIH, “en casos de diagnóstico de infertilidad o indicación clínica y para evitar la transmisión del VIH”, motivo por el que el Sistema Nacional de Salud (SNS) las incluye dentro de su cartera de servicios, a la que pueden acceder todos los ciudadanos.

Por este motivo, reclaman a las Administraciones Públicas “acciones concretas que pongan fin a este trato discriminatorio por razones sociales” y asimismo, solicitan al Ministerio de Sanidad y comunidades, “la incorporación explícita de la reproducción asistida en la cartera de servicios del SNS en todas las comunidades”.

“NO ES UN ARGUMENTO VALIDO”

Según un informe solicitado por CESIDA al profesor de la Universidad Carlos III Miguel Ángel Ramiro sobre el acceso a las técnicas de reproducción asistida de las personas con VIH, diversos argumentos jurídicos avalan el derecho de las mujeres con VIH a acceder a estas técnicas, señalando que el estado serológico de una persona no puede ser considerado un argumento de exclusión válido en el acceso a técnicas de reproducción asistida.

La Ley Técnicas de Reproducción Humana Asistida señala que las personas con discapacidad --entre las que se encuentran las personas con VIH-- no deben ser discriminadas por razón de discapacidad en el acceso y utilización de estas técnicas de reproducción asistida, según indica el informe, que reconoce que, actualmente, la ley no considera a los pacientes con VIH personas con discapacidad.

Si se produjese tal exclusión, según se destaca en el informe, “las personas con VIH podrían reclamar su derecho mediante una serie de recursos, primero, ante la Administración y, posteriormente, ante los jueces y tribunales, con el fin de obtener su satisfacción”.