El Parlamento andaluz pide que ninguna comunidad disponga de menos recursos que ahora

El Pleno del Parlamento andaluz demandó hoy por unanimidad, durante el debate general extraordinario sobre la financiación autonómica, que el Gobierno central garantice que ninguna comunidad autónoma disponga, con el nuevo sistema, de menos recursos financieros de los que les proporciona el vigente actualmente, así como que el Ejecutivo andaluz cumpla con lo establecido en el artículo 177 del Estatuto de Autonomía en relación con la actualización del nuevo modelo.

En el debate general se sometieron a votación un total de 60 propuestas de resolución (PSOE, 22; PP, 21, e IU, 17), de las que salieron adelante todas las socialistas (seis por unanimidad); diez del PP, todas ellas por unanimidad, y cinco de IU. PP e IU llegaron a plantear una serie de propuestas sobre medidas para las corporaciones locales, como la presentación de leyes, que no fueron admitidas a tramite por la Mesa de la Cámara por no ser el asunto objeto del debate.

En virtud de las propuestas que salieron adelante por unanimidad, tanto PSOE como PP plantearon en sus propuestas que la Junta demandara al Ejecutivo de la Nación que garantice que ninguna comunidad autónoma disponga de menos recursos financieros de los que les proporciona el modelo vigente.

Concretamente, entre las propuestas del PSOE aprobadas por unanimidad, se instó a la Junta a defender que el sistema de financiación atienda, como objetivo exclusivo, a la financiación de los servicios transferidos por el Estado, de manera que éstos puedan ser prestados por las Comunidades Autónomas con recursos financieros suficientes, que garanticen la igualdad de acceso de todos los ciudadanos a los mismos, sea cual sea su lugar de residencia.

También se demandó --propuesta de PSOE coincidente con una de PP-- que el Ejecutivo andaluz defienda en la negociación del nuevo sistema una financiación que garantice la igualdad de acceso de los ciudadanos a los servicios públicos fundamentales, independientemente de su lugar de residencia, para lo que se creará un fondo de garantía de servicios públicos fundamentales.

PSOE se quedó solo --ante el rechazo de PP y la abstención de IU-- al expresar el apoyo al documento de propuesta base para un acuerdo sobre la reforma de la financiación autonómica hecho público por el Gobierno el pasado 30 de diciembre, puesto que “respeta” el Estatuto de Autonomía, las resoluciones aprobadas por el Parlamento y las principales solicitudes de la Junta de Andalucía recogidas en el documento enviado al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en abril de 2006.

La Cámara valoró además --con el apoyo de PSOE e IU y la abstención de PP-- que el documento del Ejecutivo central incluya la variable población en edad escolar para evaluar las necesidades de gasto de las comunidades en el bloque de competencias en educación, así como la de población de 0 a 4 años para evaluar las necesidades de gasto de las regiones en la sanidad.

PROPUESTAS DE PP

Entre las diez propuestas de PP aprobadas por unanimidad, se encuentran el rechazo a cualquier nuevo sistema que implique discriminación para Andalucía o privilegios para otras comunidades, tanto por el establecimiento de niveles desiguales de autonomía financiera como por la ausencia de garantía sobre solidaridad.

De igual manera, se aprobó considerar “inaplazable y necesario que se aborde por parte del Gobierno de España, de manera simultánea y vinculada a la reforma del sistema de financiación de las comunidades, la financiación de las entidades locales”.

Otra propuestas del PP que se aprobó por unanimidad --coincidente con otra de PSOE-- hacía referencia a que la Junta cumpla con lo establecido en el artículo 175.2.b) del Estatuto de Autonomía, de manera que el cálculo de las necesidades de gasto de las comunidades atienda fundamentalmente a la población, así como a los cambios que hayan podido producirse en ellas a lo largo de la vigencia del sistema, teniéndose en cuenta otras circunstancias que pudieran influir en el coste de los servicios que se presten.

En cuanto a las propuestas de IULV-CA aprobadas, en una de ellas se instaba a la Junta a defender hasta el final un modelo de financiación basado en los principios recogidos en el Título VI del Estatuto de Autonomía, como son la autonomía financiera, suficiencia financiera, garantía de financiación de los servicios básicos (educación, sanidad y servicios sociales), la corresponsabilidad fiscal y asunción de un espacio fiscal propio por parte de las comunidades, la lealtad institucional, la solidaridad o la multilateralidad, entre otros.

Respecto a propuestas rechazadas de IU, se encuentra una en la que se instaba a la Junta a consultar al Parlamento antes de expresar la aceptación de cualquier propuesta del Gobierno central sobre el nuevo modelo de financiación, y a abstenerse de expresar su aceptación hasta tanto “no se haya conocido la cuantificación de la propuesta y se haya valorado su idoneidad para los intereses de Andalucía en una sesión posterior del Pleno de la Cámara”.

También se rechazo instar a la Junta a que establezca como requisito para la aceptación del nuevo modelo de financiación que el Gobierno central proponga junto a la propuesta de nuevo sistema una propuesta de cuantificación de la deuda histórica que satisfaga “con dignidad los intereses de nuestra comunidad, estableciéndose consensuadamente con las fuerzas políticas representativas de los andaluces”.