Aportaciones de La Rioja al nuevo modelo de financiación según el Estado

La Rioja entiende que el actual modelo, aprobado en 2001 con acuerdo unánime de todas las Comunidades Autónomas de régimen común presenta una estructura que ha permitido dar respuesta al coste real de la prestación de los servicios básicos.

El modelo exigía la aceptación de la competencia sanitaria, para lo que preveía la elección entre dos alternativas: la asignación de financiación por variables de necesidad o por coste efectivo de prestación de servicios. La Rioja optó por la segunda opción.

No obstante, durante el periodo de vigencia del modelo, se han registrado algunas distorsiones ligadas, de manera principal, al incremento asimétrico de la población en España y al incumplimiento sistemático de la lealtad institucional, variaciones que según el gobierno riojano deberían ser corregidas en el modelo que ahora se propone.

El nuevo modelo debería mantener, además, la singularidad de las Comunidades uniprovinciales, con costes de estructura similares a las pluriprovinciales, a través de una asignación fija para la cobertura de las mismas.

Según el ejecutivo riojano el efecto frontera que ejercen las Comunidades Autónomas forales sobre los territorios limítrofes, -y La Rioja lo es con las dos Comunidades que gozan de privilegios forales-, con la singularidad de que todo el tejido productivo está a lo largo del río Ebro, provoca claros problemas de deslocalización empresarial que afectan, no sólo al desarrollo económico territorial, sino también a los ingresos tributarios autonómicos.

Una situación que se agudiza, dice, con el nuevo modelo propuesto, que incrementa el porcentaje de participación de las Comunidades Autónomas al 50-58%. Asimismo añade, la disminución de la presión fiscal en el modelo propuesto penaliza la recuperación de fondos adicionales, lo que no ocurre con los regímenes forales, que mantienen integra su recaudación.

Para el gobierno riojano, la reforma del modelo debe compensar el sobreesfuerzo presupuestario que viene realizando La Rioja en materia de incentivos y de ingresos tributarios para evitar la deslocalización empresarial, a través de dotaciones específicas en los nuevos fondos.

Desde el ejecutivo de Sanz se plantean las siguientes demandas al Gobierno de España:

1.- Puesto que se produce una revisión en profundidad del modelo, La Rioja defiende que, no sólo debe garantizarse el status quo, sino que debe tenerse en cuenta la evolución poblacional experimentada en los últimos años. Así, La Rioja ha crecido 4,33 puntos en población por encima de la media del Estado (año 2006: España crece al 11,24% y la Rioja al 15,54%), mientras que los recursos aportados en el periodo de vigencia del modelo han sido inferiores a la media. 2.- La Rioja apuesta por una distribución de los fondos conforme al coste real de la prestación de los servicios, algo que compensaría los mayores costes que la prestación de este tipo de servicios ocasiona a la Comunidad Autónoma de La Rioja debido a su dimensión. Es posible que pueda llegarse a esta situación a través de la definición del “habitante equivalente” o “unidad de necesidad”, pero existe una indefinic ión del concepto y de la forma introducir en el mismo esta singularidad.

3.- Dada la evolución de la población desde 1999 -año tomado como referencia en el modelo anterior-, hasta hoy, (crecimiento del 15,54% hasta 2006; 19,55% hasta 2008; frente al incremento poblacional en España, que ha sido de 11,2% y 14,6% respectivamente), deben introducirse fondos adicionales que ajusten el coste de los servicios de acuerdo al fortísimo incremento de la población y asegurar que, en adelante, estas variaciones se corrijan de modo automático.

4.- El modelo actual recoge que el 1,5% de los recursos asignados al fondo de competencias comunes se distribuye de forma lineal entre todas las Comunidades Autónomas en respuesta a la financiación de los costes estructurales. Nuestro planteamiento es elevar este porcentaje al 3% y extenderlo a la financiación global. De esta forma, podría darse respuesta a la diferencia entre el coste efectivo y la asignación de la financiación por variables de necesidad. Además, no distorsiona la distribución de los fondos del sistema, y permitiría cubrir, sobre todo a las Comunidades Autónomas uniprovinciales, los diferentes costes de estructura.

5.- La elección de 2006 como año base puede introducir disfunciones en la evolución del sistema, dado que la situación económica no es la misma en 2009. Por tanto, el nuevo modelo debería incluir factores correctores que permitan adecuar el punto de partida de la cesta de impuestos, puesto que 2006 fue el ejercicio más alto en la recaudación impositiva, acomodándola al adecuado rendimiento en 2008 o 2009.

6.- Es preciso reconocer los efectos distorsionadores del sistema foral y común en las Comunidades Autónomas limítrofes con las Diputaciones forales, motivados por la diferente autonomía financiera. Nuestro Estatuto de Autonomía recoge en su Artículo 46 la implementación de medidas para corregir el efecto frontera , que deberían incorporarse al nuevo modelo que se plantea. En el caso de que no se acepte su inclusión en el sistema, el Gobierno de España debe asumir el compromiso del completo desarrollo del Artículo 46 del Estatuto de La Rioja.

7.- España ha experimentado una elevada presión migratoria en los últimos años, que se ha manifestado de manera especial en algunas comunidades autónomas como La Rioja, por lo que esta variable debería ser considerada en la distribución de los fondos adicionales del modelo.

8.- La atención a la dependencia es uno de los objetivos de nuestro Estado del Bienestar. Sin embargo, su financiación no está integrada en el modelo que se propone. La experiencia en el desarrollo de esta Ley ha demostrado la insuficiencia de las aportaciones del Estado y de la garantía de evolución de las mismas. Por ello, es imprescindible que su financiación quede totalmente integrada dentro del modelo, al igual que cualquier otra financiación de servicios.

9.- La participación de La Rioja en los diferentes fondos que se crean no queda definida en el modelo propuesto. Lo mismo ocurre con: las variables que lo determinan, el resultado del reparto inicial de los fondos y la garantía de evolución, de modo que el sistema no tiene garantizada la suficiencia dinámica.

Este modelo de financiación ha de basarse en los principios de igualdad, solidaridad y transparencia, dentro de una negociación multilateral en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera.