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El 20 de diciembre de 2008

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El FBI pide ayuda para localizar al responsable de la falsa alarma en la Embajada

El FBI ha solicitado ayuda para capturar al presunto responsable del envío de cartas impregnadas de polvo blanco, entre ellas la enviada a la Embajada norteamericana en España.

Agencias

El FBI ha solicitado ayuda pública para capturar al presunto responsable del envío internacional de una serie de cartas impregnadas de polvo blanco, destinadas a causar el pánico por alarma química en diferentes misiones diplomáticas estadounidenses en todo el mundo, entre ellas la Embajada norteamericana en España.


De igual modo, el Servicio de Inspección Postal de EEUU ha ofrecido una recompensa de 100.000 dólares por cualquier información que lleve al arresto y condena del sospechoso, que podría haber enviado cartas similares a otras 17 embajadas estadounidenses en Europa y Asia a lo largo de los últimos días, así como a las oficinas de los gobernadores de 46 estados norteamericanos, según informa el diario 'The Dallas Morning News'.


Los matasellos de las misivas indican que éstas podrían haber sido enviadas bien desde Dallas, o bien desde el norte de Texas, ya que los códigos postales comienzan con las cifras 750 y han sido enrutadas a través del Centro de Procesamiento de Correos del Norte de Texas, con sede en Coppell. No obstante, "no hay forma de situarlas en un lugar concreto", según indicó la portavoz del Servicio de Inspección Postal, Amanda McMurrey.


Se sabe que todas las cartas fueron enviadas entre el 4 y el 11 de diciembre. Todas ellas están impregnadas de un polvo blanco inofensivo y de un mensaje. "No está claro qué es lo que dice la nota", señaló el FBI en un comunicado.


Según el Departamento de Estado, entre las embajadas amenazadas junto a la española también podrían encontrarse las de Rumanía, Suiza, Bélgica, Rumanía, Dinamarca, Irlanda, Luxemburgo, Noruega, Francia, República Checa, Islandia, Letonia, Italia, Estonia, Países Bajos y Japón.


A pesar de que las cartas son inofensivas, la respuesta policial supone para el Gobierno un desperdicio de tiempo y recursos, por lo que es un delito regulado por la ley federal estadounidense, que podría imponer hasta una sentencia máxima de 10 años de cárcel por cada misiva enviada.

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