El Gobierno aprueba medidas para dinamizar suelo público destinado a construir vivienda protegida
El Consejo de Ministros dio hoy 'luz verde' a un paquete de medidas destinadas a movilizar suelo público para la construcción de nuevas viviendas de protección oficial, y aumentar las reservas estratégicas de suelo para que la caída de la actividad en el sector inmobiliario no afecte en el futuro a estas promociones ni al impulso de otras actividades de interés económico y social.
Las medidas constituyen “iniciativas anticíclicas” que contribuirán a dinamizar el mercado de suelo, tanto público como privado, evitando que el actual descenso en la actividad provoque, en el medio plazo, un estrangulamiento en los mercados de productos inmobiliarios de interés general: vivienda protegida, parques empresariales y actuaciones logísticas, según destacó hoy el Ejecutivo.
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, subrayó durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que con las medidas aprobadas se van a conseguir “buenos resultados”.
En primer lugar, el Consejo aprobó hoy la constitución de la Comisión Interministerial de Trabajo sobre el Suelo, que se el órgano colegiado responsable de proporcionar, en el ámbito del Estado, criterios sobre el destino y la gestión del suelo público, favoreciendo su movilización.
Entre los objetivos de la Comisión se encuentran la dedicación de los terrenos del patrimonio del Estado, que no sean utilizados para uso o servicio público, a los usos de interés social que demande su entorno físico, que irán destinados, en su mayoría, a la construcción de vivienda protegida cuando sean idóneos para un uso residencial.
Sus principales funciones serán la identificación de suelos y edificios del Patrimonio del Estado no afectos al uso o servicio público, o que vayan siendo desafectados del mismo y que puedan ser objeto de nuevos usos de interés social que demande su entorno físico.
Asimismo, estudiará y, en su caso, trasladará a la Comisión de Coordinación Financiera de las Actuaciones Inmobiliarias y Patrimoniales o al Consejo de Ministros los criterios sobre política de vivienda y suelo aplicables a los terrenos y a los edificios no afectos al uso o servicio público, atendiendo a sus características específicas. Además, promoverá la concertación de los órganos de la Administración General del Estado con las restantes Administraciones Públicas para dinamizar la gestión del suelo público y el desarrollo urbanístico del mismo.
La Comisión estará presidida por el titular de la Secretaría General de Política Económica y Economía Internacional, y tendrá una vicepresidencia, ocupada por el titular de la Secretaría General de Vivienda del Ministerio de Vivienda. Asimismo, en la Comisión habrá vocales de los Ministerios de Defensa, Economía y Hacienda, Interior, Fomento, Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y Vivienda.
1.992 VIVIENDAS PROTEGIDAS
En segundo lugar, autorizó a la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Defensa (GIED), del Ministerio de Defensa, y a la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES), del Ministerio de Vivienda, a suscribir un convenio de colaboración para la enajenación de suelos que estaban adscritos al Ministerio de Defensa para construir 1.922 viviendas protegidas.
En concreto, adquirirá los terrenos que actualmente ocupan el Parque de Ingenieros de Villaverde (Madrid), el Parque de Artillería y el Parque Central de Ingenieros de Valencia y el Regimiento de Artillería de Sevilla. Una vez adquiridos los terrenos, SEPES los urbanizará para que, al menos, el 70% de los mismos puedan ser destinados a la construcción de vivienda protegida.
En total, SEPES va a adquirir más de 385.000 m2 de superficie edificable de modo que, tras adecuar su urbanización, puedan construirse 1.922 viviendas protegidas en los municipios de Madrid (1.016 viviendas), Valencia (457 viviendas) y Sevilla (449 viviendas). La cuantía final fijada en el convenio por la enajenación de los terrenos asciende a 112,9 millones de euros.
INFORME DE VIVIENDA
Por último, el Consejo de Ministros presentó hoy un Informe de la Ministra de vivienda sobre la convocatoria de Oferta Pública de Compra de Suelo que fue publicada el pasado 28 de octubre en el Boletín Oficial del Estado.
La oferta, que tendrá una duración de cuatro años, cuenta con un presupuesto de 300 millones de euros, a los que SEPES sumará otros 130 millones en la urbanización. Se calcula que estos suelos permitirán la construcción de entre 15.000 y 20.000 viviendas protegidas.
Las parcelas ofrecidas deberán tener una superficie que permita la construcción de, al menos, 300 viviendas, con la excepción de Ceuta y Melilla, donde el mínimo será de 150 viviendas. La oferta se realiza para los municipios de más de 20.000 habitantes, dando prioridad a las propuestas que consoliden zonas urbanas.
La oferta pública de compra de suelo, cuyo plazo de presentación comenzó el 28 de octubre, finalizará el próximo 29 de diciembre. Una vez concluya el plazo de presentación de ofertas, SEPES tendrá cuatro meses para el estudio y selección de las ofertas.
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