Detenidas 27 personas por ofrecer títulos universitarios por 18.000 euros

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Agentes de la Policía Nacional han detenido a 27 personas en 18 ciudades de toda España acusadas de falsedad documental e intrusión profesional. En la operación se han intervenido dos academias desde las que se ofrecían expedientes académicos y títulos universitarios falsos supuestamente emitidos por universidades peruanas. Las investigaciones no han concluido y se esperan próximas detenciones en Perú.

Según informó la Policía en un comunicado, entre los detenidos se encuentran los propietarios de las dos academias, situadas en Alicante y Málaga. La mayor parte de los arrestados había obtenido ilegalmente títulos universitarios que les habilitaba como médico cirujano, psicólogo, médico en terapia física y rehabilitación, químico farmacéutica, ingeniero forestal o historiador. Algunos de ellos, amparados en sus falsas titulaciones, ejercían en clínicas privada en las que inyectaban silicona o botox, recetaban fármacos o ejercían como fisioterapeutas.

Uno de los detenidos, trabajaba en una residencia de ancianos en Cáceres, en la que, según explica la Policía, una imprudencia profesional “casi les cuesta la vida a dos ancianos por la receta de unos fármacos”.

'OPERACIÓN ESTUDIANTE'

La operación, denominada 'Estudiante', se inició en San Sebastián, donde se produjeron las primeras tres detenciones de supuestos fisioterapeutas que declararon haber obtenido dichos títulos previo pago de unos 18.000 euros.

La investigación continuó en distintas localidades españolas, hasta un total de 27 detenidos y 12 imputados. Además se realizaron cinco registros: dos en Alicante, otros dos en Málaga y el último en Fuengirola. Las investigaciones no han concluido y se esperan próximas detenciones en Lima (Perú) de los responsables de emitir y enviar dichos títulos a España.

A raíz de las primeras detenciones realizadas en San Sebastián pudo identificarse al propietario de la academia que ofertaba las falsas titulaciones y que estaba ubicada en una localidad alicantina. Este individuo, Eduardo P.M., poseía además una clínica en la que ejercía como licenciado en Medicina y Cirugía y su mujer regentaba una parafarmacia contigua como diplomada.

Los datos bancarios de la mencionada academia reflejaban numerosas transferencias bancarias en concepto de “convalidación de títulos”. Los agentes confeccionaron un listado con los ordenantes de dichos ingresos que fue remitido al Ministerio de Educación y Ciencia. Muchos de estos sujetos habían logrado homologar sus títulos, los cuales pudo comprobarse posteriormente que eran falsos.

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