Liberación de palestinos para impulsar el proceso de paz

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El 25 de agosto la prensa internacional se hacía eco de la ya anunciada liberación, por parte de Israel, de 198 prisioneros palestinos. Fue el resultado de la reunión del 6 de agosto en Jerusalén entre el presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) y líder de Al Fatah, Mahmud Abbas, y el primer ministro israelí, Ehud Omert; en el que también participaron Ahmed Qureia, ex primer ministro palestino y Tzipi Livni, ministra de Relaciones Exteriores de Israel y posible relevo de Omert –quien anunció que renunciaría al cargo en septiembre por un escándalo de corrupción y fraude–.

En la negociación, Abbas había pedido incluir entre los prisioneros liberados a Marwan Barguti, considerado como el futuro líder de Al Fatah, principal movimiento de la Organización de Liberación de Palestina (OLP), y que cumple cinco cadenas perpetuas por ser considerado el autor intelectual del asesinato de cinco israelíes en la Segunda Intifada. También pidieron los negociadores la liberación de Ahmed Saadat, –cabeza del Frente Popular de la Liberación de Palestina, vinculado con el asesinato en 2001 del ministro israelí de Turismo Rehavam Zeevi–. Ninguno de ellos fue liberado.

No era ésta la primera vez que se excarcelaba un número tan alto de presos palestinos. En diciembre de 2007, con motivo de la reanudación de los diálogos de paz en Anápolis, Israel liberó a 429 presos palestinos; y en julio excarceló otros 255 reos, apenas un mes después de que el movimiento islamista Hamas tomara por la fuerza la Franja de Gaza y Abbas disolviera por ello el gobierno de unidad con Hamas creando otro de emergencia. La decisión de Israel de liberar estos prisioneros, se justificó entonces como medio de apoyo a la gestión del presidente de la ANP. Se trataba de la mayor liberación de presos palestinos en cárceles y centros de detención israelíes desde febrero de 2005, fecha en que Israel excarceló a 500 palestinos con vistas a reforzar a Mahmud Abbas tras su elección como presidente de la ANP.

En la actualidad, Israel tiene encarcelados cerca de 11.000 palestinos – entre los que se incluyen menores y mujeres, presos por delitos menores, pero también terroristas que cumplen condena por asesinatos, pertenencia a grupos armados, implicación en atentados y otros ataques contra la seguridad del Estado de Israel. El Gobierno palestino indica que la paz no llegará hasta que no hayan sido liberados todos, y que Israel está dando los pasos correctos. En Israel, la liberación provoca contradicciones: la excarcelación de presos manchados con sangre israelí y condenados a cadenas perpetuas causa dolor entre la población, por otros sectores es visto además como un ‘acto de debilidad’ que puede conducir a la creencia de que ‘los secuestros y la lucha armada es la única forma de negociar con Israel, que se rinde a las presiones de terroristas’.

CRÍTICAS A LA EXCARCELACIÓN

Para Ehud Omert, no era la liberación de finales de agosto sino un gesto de buena voluntad para reforzar a Abbas y a los sectores palestinos más moderados y así impulsar el lento proceso de paz. Sin embargo, esta liberación de presos, que como requisito previo a su excarcelación tuvieron que firmar un documento por el que renunciaban expresamente al terrorismo, fue duramente criticada por algunas secciones israelíes. Además, la asociación de víctimas del terrorismo Almagor realizó una demanda al Tribunal Supremo de Justicia israelí en la que solicitaba la paralización de las liberaciones.

Fue rechazada dicha demanda, aunque el dictamen del tribunal cuestionaba la decisión del Gobierno en algunos puntos, como los beneficios para Israel. También apuntaba novedades respecto a anteriores liberaciones: no se recibe nada a cambio de los presos y, no respeta, además, los criterios habituales para las liberaciones como la necesidad de que el preso haya cumplido al menos dos tercios de su condena y no haya matado a israelíes. Almagor había presentado una lista en la que indica que entre los liberados hay 11 que sólo han cumplido una cuarta parte de su condena; 16, una tercera parte; 24, menos de la mitad y 19, menos de dos tercios. Además apunta que al menos dos presos liberados tienen en sus manos sangre israelí: Abu Ali Yata y Said Al Ataba, que cumplían condena desde 1977 y 1979 respectivamente por haber asesinado a ciudadanos israelíes.

También recibió esta liberación las críticas de Hamas, grupo islamista considerado organización terrorista por EEUU y Europa, que ganó las elecciones de 2005 y fue ilegalizado por Abbas en junio de 2007, iniciándose así una guerra civil entre ambas facciones y dos gobiernos paralelos: el de Al Fatah, en Cisjordania; y el de Hamas, encabezado por Ismail Radwan, en Gaza. Las condenas de Hamas a la liberación de los últimos 198 prisioneros fueron debidas a que el grupo considera que con esta acción se fomenta aún más la división entre las facciones palestinas por la discriminación de presos: ninguno de los últimos liberados pertenece a Hamas, ni es originario de la banda de Gaza.

CONFERENCIA DE ANÁPOLIS

Esta última excarcelación de presos se ha relacionado con la visita que la Secretaria de Estado de Estados Unidos, Condoleezza Rice, realizó pocas horas después a la región para activar las negociaciones de paz lanzadas en Anápolis, en noviembre de 2007, para poner fin a un conflicto que ya dura 60 años.

En la Conferencia de Anápolis –celebrada el 27 de noviembre con la intermediación de Estados Unidos, quien sostiene desde hace poco más de un año que el conflicto de Oriente Próximo es su máxima prioridad–, se adquirió el compromiso de crear un Estado palestino en el plazo de un año, es decir, antes del 2009. El instrumento presentado para lograrlo es la Hoja de Ruta, plan diseñado en 2003 por el Cuarteto (EEUU, UE, ONU y Rusia) con diversas exigencias para Palestina para acceder a un Estado independiente.

Mahmud Abbas planteó como requisito previo a la firma del acuerdo de Anápolis, la negociación sobre lo que considera las ‘cuatro cuestiones centrales’ del conflicto: el futuro de Jerusalén, las fronteras entre Israel y Palestina, los asentamientos judíos en Cisjordania y el derecho de retorno a Israel de los palestinos expulsados del territorio por grupos terroristas israelíes. También expresó que el agua era un obstáculo importante a solventar para alcanzar la paz. Olmert aceptó sus requisitos y expresó su compromiso de negociar los mencionados puntos. No obstante, cualquier acuerdo tomado al respecto no entraría en vigor hasta que los palestinos cesasen toda actividad terrorista.

No son pocos los analistas internacionales que apuntaron, incluso antes de su celebración y sobre todo después, el escepticismo, el fracaso o/y los errores de base de Anápolis: EEUU se convierte en el único juez y mediador del proceso, desplazando a la Comunidad Internacional y al Cuarteto y olvidando las resoluciones de las Naciones Unidas; no existe un calendario ni mecanismos externos que garanticen el cumplimiento de los acuerdos y se da una asimetría entre las partes negociadoras.

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