Ministerio de Educación recurrirá al Supremo la sentencia del TSJ de La Rioja

El director general de la Alta Inspección de Educación de la Delegación del Gobierno en La Rioja, Manuel Medrano, ha anunciado la postura del Ministerio en relación a esta sentencia, que es la primera que dicta el TSJR sobre esta cuestión.

Medrano ha subrayado la necesidad de que el Tribunal Supremo unifique doctrina y aclare la situación, ya que, hasta ahora, dos Tribunales Superiores de Justicia,Cataluña y Asturias, han dictado sentencias contrarias a la objeción de conciencia y dos favorables, Andalucía y La Rioja.

También ha puntualizado que la citada sentencia del TSJR va contra una decisión de la Consejería de Educación del Gobierno de La Rioja, a la que ha reprochado “no defender la normativa básica estatal a la que se adapta el currículum riojano”.

La Consejería, ha añadido Medrano, “parece encantada de perder y decide no recurrir la citada sentencia”, por lo que los Servicios Jurídicos del Ministerio de Educación estudian presentar este recurso en breve, al igual que hizo con la sentencia de Andalucía.

Por otro lado, el Consejero de Educación riojano, Luis Alegre, culpa al Gobierno Central del caos que supone la implantación de esta asignatura y explica que sucede por los desacuerdos que hay en materia educativa dentro del gobierno socialista. Pide unidad en el territorio español e insta al gobierno a que lo consiga.

En medio del desorden Manuel Medrano pide que se “normalicen las cosas” , porque esta materia se implanta en la mayoría de países libres como Inglaterra, Estados Unidos o Alemania y “nadie se rasga las vestiduras por ello”. Además se dirige a los padres informándoles de que “es una asignatura normal que será impartida por profesionales, no por doctrinadores, desde la pluralidad y el diálogo.” También pide respeto para los profesores que la impartirán a partir del próximo curso.

Desde el Gobierno de La Rioja se advierte que las familias estarán informadas en todo momento si quieren que sus hijos no cursen la citada materia.

Además, Luis Alegre hace una diferenciación entre los alumnos que tienen sentencia firme, que sólo es uno; los que están esperando la sentencia, es decir, que está en vía judicial; y los que aún están a la espera de que se admita a trámite, y por ello están en vía administrativa.

En ninguno de estos casos, los alumnos deberán acudir a las clases de Educación Para La Ciudadanía, sin que por ello se ponga en peligro su promoción o tenga repercusiones negativas en la obtención de los títulos académicos correspondientes.

En los dos primeros casos, la exención de ir a clase será definitiva, en el segundo sea cual sea la sentencia final de los jueces. Pero en el último grupo de alumnos, es decir, los que estén en vía contencioso administrativa, la exención será preventiva, y en caso de que no se llegue a la vía judicial los alumnos deberán examinarse de la asignatura.

Hasta el día de hoy, se han abierto por vía administrativa, 142 expedientes relacionados con Educación para la Ciudadanía. En cuanto a la vía judicial, se han presentado 20 recursos de reposición y otros 24 contencioso-administrativos.

Desde la Consejería de Educación se pide cautela a los padres y quieren que sean conscientes de las consecuencias que puede tener en cada uno de los casos la objeción a Educación Para La Ciudadanía.