La vuelta a casa

El pasado viernes, el proyecto del ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Gorbacho, para fomentar el retorno de los inmigrantes desempleados fue presentado en la reunión semanal del Consejo de Ministros. A espera de su aprobación definitiva, el asunto ha despertado ya cierta polémica. No en vano, el plan, a pesar de que el Gobierno defienda lo contrario, sugiere, si no un viraje total, sí cierto giro de consideración en lo que a política migratoria se refiere.

Por un lado, se ofrece al inmigrante que vuelva a su país de manera voluntaria, cobrando el subsidio de desempleo acumulado durante su etapa de trabajo en España. El pago se haría en dos pagos fraccionados; primero, recibirían el 40% en España y, posteriormente, el 60% cuando ya estuvieran en su país de origen.

Pero la norma, que fundamentalmente se dirige a inmigrantes en paro, exige a cambio al inmigrante renunciar a las autorizaciones de trabajo y residencia en España impidiéndole volver hasta pasados tres años.

El plan, que sólo afectaría a inmigrantes de los 19 Estados no comunitarios con los que España tiene firmados convenios bilaterales de seguridad social, tendrá rango de ley y modificará la Ley de Extranjería.

AFECTADOS

Según las declaraciones hechas en los últimos días por el ministro de Trabajo a diferentes medios de comunicación como Cadena Ser, los inmigrantes que aceptaran deberían regresar además en un plazo de 30 días desde que se recibieran el primer pago. En una primera fase, el Gobierno apunta que 5.000 extranjeros podrían acogerse al plan, aunque baraja que lleguen a ser hasta 25.000.

Sin embargo, la predicción de los inmigrantes en La Rioja no parece tan optimista. “La medida es insuficiente y no será efectiva”, asevera Mohamed El Gheryb, presidente de ATIM-Rioja. La razón, para él, es la misma en la que insisten desde hace años: “Mientras la situación en el país de origen sea la que es actualmente, no habrá solución posible”. Según defiende, no sólo los problemas económicos atenazan al inmigrante, sino también los políticos o sociales. Por eso será “muy difícil”, a su juicio, que los inmigrantes en España quieran volver a determinados países.

De alguna manera, El Gheryb entiende que el Gobierno español “traiciona” su inicial política migratoria. Según él, el ejecutivo español intenta flexibilizar su política, evitando caer en el discurso de la polémica Directiva Europea, aprobada el 18 de junio, pero tendiendo al mismo objetivo. “Vamos para atrás, en contra de todos los derechos que tanto ha costado conseguir, y es lamentable”, acusa.

Por eso, anuncia que las asociaciones inmigrantes de La Rioja seguirán debatiendo al respecto para promover, si lo creyeran necesario, movilizaciones de protesta.

LA LLAMADA DEL PAÍS DE ORIGEN

Pero España no es el único agente implicado en este plan 'retorno'. Ecuador, por ejemplo, se ha sumado a esta iniciativa. Para ello, ha abierto una oficina especial de información en Madrid y ofrece microcréditos, ayuda para agilizar el papeleo o supresión de aranceles para trasladar sus pertenencias a los que quieren volver.

Tampoco, en este caso, las medidas parecen suficientes. “Nadie nos garantiza protección, una vez que hemos vuelto a nuestro país”, afirma Patricio Ronquillo, presidente de la Asociación de Ecuatorianos en La Rioja (CISNE). Los secuestros rápidos en Ecuador no son infrecuentes y los recién llegados que instalan sus pequeños negocios suelen ser víctimas fáciles de éstos. “Llegas allí y secuestran a un familiar y te piden dinero a cambio de su liberación, te agreden, te roban, ....”, asegura Ronquillo. Demasiado riesgo para unas personas que han sacrificado mucho para ganar lo que ahora tienen.

Aceptando, a pesar de todo, que la propuesta, tanto de Ecuador como del Gobierno español, “es buena”, no será lo suficiente como para que muchos inmigrantes se animen al retorno. “El que lo haga, lo hará porque ya podía hacerlo, porque ya tiene allí su negocio, su pequeña empresa”, apunta Ronquillo. No será, en todo caso, por la ayuda del gobierno español ni por la del ecuatoriano.

Al fin y al cabo, lo que los inmigrantes pueden cobrar con esta medida no podrá sumar nunca una cantidad demasiado onerosa. Son “poquísimos” los que llevan tantos años aquí trabajando, según aseguran desde las asociaciones, como para que eso ocurra. Muchos entraron con la regularización de 2005, por lo que, aún teniendo en cuenta que hayan trabajado todo este tiempo y en ningún momento hayan disfrutado de prestación por desempleo, su acumulado será exiguo. Tal es así que, con un sueldo de 1.200 euros brutos, éste apenas llegaría a los 10.000 euros. ¿Suficiente para empezar de nuevo?