Luz verde a la Declaración de Reims
La Asamblea de Regiones Europeas Vitícolas (AREV) ha aprobado hoy la “Declaración de Reims” en la que defiende las demandas de los vinos europeos de calidad y las especificidades de las regiones frente a las “graves consecuencias” que podría conllevar la nueva regulación de la OCM del vino.
El Gobierno de La Rioja, una de las regiones europeas que pertenece a la AREV, ha informado hoy de esta declaración, que coincide con las tesis que defiende este Ejecutivo.
Las regiones pertenecientes a la AREV “invitan” en este documento a los Ministros de Agricultura europeos a “vigilar” la transposición que realice la Comisión del acuerdo político logrado por ellos y a no dejar que existan “orientaciones o disposiciones irrevocables en dirección contraria al acuerdo político”.
La AREV pide a los Estados europeos que no deliberen y resuelvan sobre la supresión del sistema de los derechos de plantación hasta recibir el informe evaluador, algo fijado para el año 2012.
Incide en que el mencionar la variedad de uva y la añada en el etiquetado del vino de mesa “resultaría contrario a los esfuerzos cualitativos deseados por la propia Comisión” y representaría “un riesgo de confusión para el consumidor”, por lo que pide “la vuelta a la reglamentación anterior”.
Esta organización cree que las prácticas enológicas que forman parte de la tradición vitícola “representan una fortaleza sobre el mercado” por lo que considera las nuevas prácticas “son lícitas si representan un interés general” pero “no deben autorizarse conforme a las conveniencias de grupos de presión” y las competencias deben corresponder al Consejo de Ministros.
Y reclama que el programa de arranques no conlleve la desaparición de viñedos históricos de gran importancia paisajística, socioeconómica y de destacada biodiversidad, especialmente en zonas de elevada pendiente, ya que podría destruirse la especificad de territorios enteros.
Así, la AREV pide a la Comisión que acepte los modos de medición de las superficies vitícolas vigentes en los Estados, ya que un nuevo sistema conllevaría “una deriva burocrática inaceptable y elevados costes” además del riesgo de que “sean inducidos nuevos derechos de plantación”.
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