Contra el certificado obligatorio

La Audiencia Nacional ha suspendido cautelarmente la orden que sustituía el certificado veterinario para los animales de la especie bovina, ovina y caprina destinados a sacrificio, por una declaración firmada por el ganadero, dando así la razón al Consejo General de Colegios de Veterinarios de España que alegaban que esta orden estatal suponía un atentado para la salud pública. ASAJA criticó hoy esta decisión que “además de suponer un coste adicional para el ganadero y no aportar ninguna seguridad supone una importante fuente económica para los veterinarios que firman el documento”.

ASAJA, en un comunicado, señaló que el pasado mes de octubre, seis años después de su entrada en vigor, el Gobierno aprobó la eliminación del certificado veterinario, decisión que los ganaderos acogieron “con entusiasmo, pues suponía la supresión de un trámite que no aportaba nada más que gastos gasto innecesarios”.

“En solitario -recordó la Organización Agraria- el Consejo General de Colegios de Veterinarios de España anunció que llevaría a los Tribunales la medida por considerar que atentaba contra la salud pública”. Ahora la Audiencia Nacional ha decidido suspender cautelarmente la orden aprobada hace siete meses, retornando a la obligatoriedad del certificado firmado por un veterinario.

ASAJA considera que este certificado, además de suponer un “coste adicional” para el ganadero, que por otra parte es el máximo responsable de los animales que se envían al matadero, “no aportaba ni la más mínima seguridad como así lo demuestran los casos detectados positivos de EBB, que llevaban siempre como documentación adjunta el documento firmado por un veterinario”.

La Organización cree que la opinión del Colegio de Veterinarios “no debería haber sido considerada como una medida tendente a proteger la salud pública tal y como lo hace la Audiencia Nacional, puesto que en la cadena alimentaria existen suficientes controles que garantizan la total seguridad alimentaria de la carne”.

Desde ASAJA, afirmaron que defienden los intereses del sector ganadero intentando que “no se confunda la defensa de la seguridad alimentaria, con la que estamos plenamente implicados, con los intereses económicos de un colectivo de profesionales, interesados en el mantenimiento de un certificado veterinario carente de todo sentido”.