Marlaska cita a declarar a la alcaldesa de Hernani

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska, citará a declarar para el próximo día 2 de junio a la alcaldesa de Hernani, Mariam Beitialarrangoitia, a la que imputa la comisión de un delito de enaltecimiento del terrorismo y menosprecio de sus víctimas por no realizar las actuaciones precisas para modificar el nombre de un parque de la localidad, dedicado al etarra José Aristimuño, alias 'Pana'.

El magistrado -que responde así a una querella realizada por la asociación Dignidad y Justicia- destaca en un auto hecho público hoy que 'Pana' estuvo involucrado en el asesinato del comandante Jesús Velasco Zuazola. El etarra murió en un enfrentamiento con la policía a finales de marzo de 1981. Además de este parque,*Hernani cuenta con una plaza que lleva el nombre de 'Gudarien Emparantza', es decir, 'Soldado Vasco'.

“Nos encontramos con hechos de naturaleza criminal cual es la existencia de una calle a nombre de un miembro de ETA y que por su propia esencia conforma un reconocimiento a su trayectoria vital con riesgo concreto de que terceras personas elijan tal vía de comportamiento”, destaca el juez.

Grande-Marlaska añade que el hecho de mantener el nombre de este etarra para designar este emplazamiento *demuestra “un espíritu innegable de menosprecio a las víctimas de tan deleznables acontecimientos”.

A pesar de citar como imputada a la alcaldesa el juez reconoce en su auto que Beitialarrangoitia no formaba parte del consistorio que decidió poner los nombre a los emplazados de la localidad guipuzcoana. Grande-Marlaska considera que “como máxima autoridad” le correspondería haber cambiado la designación de la calle después de que el Ayuntamiento recibiera una petición en este sentido efectuada por carta en diciembre de 2006.

Además de la citación, el magistrado ha ordenado a la guardia civil que le informe antes del 28 de mayo sobre la militancia y pertenencia de 'Pana' a la organización terrorista y los hechos que se le imputan. También ha solicitado información sobre otras calles o símbolos que enaltezcan a otros miembros de la banda en esta localidad.

Grande-Marlaska requiere al Ayuntamiento de Hernani que remita copia de los acuerdos del consistorio acordando dar estos nombres a las mencionadas calle y plaza. Solicita también el envío de la carta fechada en diciembre de 2006 en la que se pedía al consistorio que modificada estas denominaciones.

Beitialarrangoitia se encuentra en libertad sin medidas cautelares acusada de un delito de enaltecimiento del terrorismo por proferir palabras de apoyo a los etarras Igor Portu y Mattin Sarasola tras su detención el pasado mes de enero.

La pasada semana el juez Ismael Moreno rechazó la admisión a trámite de una querella similar que la asociación Dignidad y Justicia presentó en este caso contra el alcalde de Amorebieta, David Latxaga (PNV), por no retirar el nombre de una calle dedicada a dos etarras, al entender que de su actuación no se deriva “ningún tipo de manifestación o acción encaminada a enaltecer y/o justificar el terrorismo y/o humillar a las víctimas”.

DOS RECURSOS PENDIENTES

Fuentes de la asociación DyJ señalaron a Europa Press que ya han presentado un recurso de apelación ante la Sala de Lo Penal tanto en este caso como en el relativo al Ayuntamiento de Arrigorriaga, cuya querella fue archivada en marzo pasado por el juez Santiago Pedraz al no advertir delito en la existencia de una plaza dedicada al etarra José Miguel Beñaran, 'Argala'.

El juez Fernando Grande-Marlaska ya se declaró competente el pasado mes de abril, en sustitución del juez central de Instrucción número 6, para investigar la querella que esta asociación presentó contra la alcaldesa de Zizurkil (Guipúzcoa), María Ángeles Lazcano (PNV), por la existencia de dos plazas dedicadas a los etarras José Luis Geresta Mújika, 'Totto', y Joseba Arregui. En todo caso, el Pleno de este Ayuntamiento acordó el pasado 14 de abril la retirada de las dos placas y de un monolito que honraba la memoria del primero.

Además de estas tres querellas, DyJ presentó querellas similares en los municipios de Durango, Lejona y Etxebarri (Vizcaya), Tolosa (Guipúzcoa) y Etxarri-Aranaz (Navarra).