El Gobierno de La Rioja exige un análisis en profundidad de las 'vacaciones fiscales'

El presidente del Gobierno de La Rioja ha afirmado que “estamos donde estábamos” porque la abogada general del Tribunal de Justicia de la UE Juliane Kokott “no ha analizado” el fondo de la cuestión sobre las “vacaciones fiscales” del País Vasco.

En una rueda informativa Pedro Sanz se ha referido a ese informe de Kokott, quien no ve razones para cuestionar la autonomía del País Vasco para decretar las “vacaciones fiscales”, aunque considera que corresponde a la Justicia vasca determinar si las medidas de 2005 fueron o no contrarias a la legislación europea.

Sanz Alonso ha precisado que estas conclusiones de la abogada general “en ningún momento dan más oxígeno al País Vasco que a La Rioja ni uno está en mejor posición que otro. Estamos en la misma posición anterior y no se ha movido un paso”.

Ha considerado un “error interesado” afirmar que este informe favorece los intereses vascos y ha precisado que cree que la “hoja de ruta” finalizará en el Tribunal Supremo, al que acudirán el Gobierno riojano o las Diputaciones Forales vascas si no están de acuerdo con la sentencia del Tribunal de Luxemburgo y del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV).

FONDO DE LA CUESTIÓN

Sanz Alonso ha reiterado que la abogada general “no ha entrado en el fondo de la cuestión y si el Tribunal de Luxemburgo hace caso o mantiene la misma tesis que ella, estamos en la misma posición que antes de la cuestión prejudicial establecida por el TSJPV”, que será el que se posicionará tras el Tribunal comunitario.

“Nadie ha entrado en el fondo de si estamos hablando de una ayuda de Estado o el abuso del Concierto Económico vasco como una medida de carácter económico que a una empresa le puede condicionar el localizarse y, por tanto, una competencia desleal que establece unos ciudadanos de primera y otros de segunda”, ha subrayado.

Sanz Alonso ha insistido en que no ha cuestionado nunca la legalidad del Concierto Económico, pero “siempre he dicho que es posible compatibilizar el sistema foral con el común y que el Concierto puede tener los límites que establecen la Constitución española y la normativa comunitaria. Ahí es donde está la cuestión y el litigio”.

CONSIDERACIÓN DE LOS RIOJANOS

Ha pedido a la UE, “con humildad”, que “considere a los riojanos y, por tanto, a los españoles, ciudadanos europeos, que considere a las regiones españolas, a todas, regiones europeas y que el derecho comunitario, que establece la igualdad y la solidaridad entre ciudadanos y territorios, se aplique también desde la UE”.

El presidente del Gobierno riojano ha considerado que “también debería protegernos el amparo constitucional español y el Gobierno de España debe garantizar el principio de solidaridad e igualdad”, pero se ha preguntado “si tenemos un Gobierno de España que discrimina en función de dónde viva cada ciudadano”.

“El principio de igualdad y solidaridad -ha puntualizado- lo pido por derecho como ciudadano, no estoy hablando de ideología política, sino del derecho como persona que vive en un Estado que se llama España y en una región que se llama La Rioja”.

Cree que “aquí los colores políticos no sirven, estamos hablando del futuro de esta región, de un derecho y de una dignidad que hay que resolver de una vez por todas”.

GOBIERNO ESPAÑOL

Sanz Alonso ha indicado que el vicepresidente segundo del Ejecutivo español, Pedro Solbes, “no puede” decir que, ante esas conclusiones de Kokott, “está contento porque se reconoce un hecho histórico”, aspecto con el que “estoy de acuerdo, eso no lo niego”.

Sin embargo, ha añadido que “no puede plantear una posición de privilegio sin que el Gobierno de España tome decisiones en un momento determinado, ya que ¿por qué no recurrió las decisiones que toman las Diputaciones Forales?. ¿Es que los riojanos o los castellanoleoneses somos de segunda para el Gobierno de España?”.

También se ha referido a que “si alguien duda de que el Estado español tenga autonomía y capacidad fiscal, más que el País Vasco, y pueda tomar una decisión en materia fiscal que afecte a su territorio”, como ha ocurrido en la decisión de poder aplicar el céntimo sanitario en el tema del carburante, pero “ahora se lo ha limitado la UE” porque está sometido a la legislación comunitaria.

Se ha preguntado “por qué no se nos da la capacidad normativa a La Rioja para poder hacer también una política económica de esas características y por qué el Gobierno de España, en el territorio común, no corrige con su capacidad la posibilidad que se pueda producir en un territorio como el País Vasco”.

Ha insistido en que si esta situación no se resuelve, planteará que en la reforma del Estatuto de Autonomía de La Rioja, que se elabora actualmente, se incluyan “aquellos mecanismos que corrijan la desigualdad, la discriminación o la situación de privilegio de un territorio frente a otro”.