Más de 3.000 trabajadores fueron explotados por la mafia portuguesa desarticulada

Una operación conjunta desarrollada entre España y Portugal conseguía desarticular hace unos días una importante red de explotación de trabajadores totalmente estructurada. En el operativo se logró la detención de 28 personas, 19 de ellas en nuestro país y 9 en Portugal. Los detenidos, todos ellos lusos salvo dos españoles, están acusados de secuestro, esclavitud, tráfico de personas, asociación criminal, tenencia de armas (se hallaron dos pistolas en registros en Álava y una en Zaragoza) y blanqueo de dinero. En esta operación, denominada 'Libertad', se han intervenido más de 500.000 euros en cartillas bancarias.

Esta red captaba en el país vecino a gente con bajos recursos y los traía a La Rioja y a otras regiones para explotarlos en la recolección de la uva. Cuando llegaban, la red les abría cuentas en las que, supuestamente, iban a recibir el sueldo por trabajar en el campo, en campañas de recolección. Sin embargo, era la propia red la que se quedaba con el dinero de esas cuentas. Los empleados recibían un alojamiento en condiciones totalmente “precarias” y alimento. Debido a la presión y el miedo no se atrevían a denunciar en España y las denuncias se han formulado en Portugal, en la mayoría de las ocasiones, a través de familiares.

Se trata de la primera operación contra redes de explotación de trabajadores en la que ha intevenido Eurojust, una unidad de cooperación de la UE dedicada a la lucha contra la delincuencia organizada. El caso será llevado ahora por los juzgados portugueses, ya que es en este país de origen de las víctimas y de todos los detenidos a excepción de dos, donde se producía la captación y donde “se está en mejor disposición de conocer los hechos”, según ha explicado el magistrado de España de Eurojust, Juan Antonio García Jabaloy.

Todos los detalles del operativo fueron presentados esta mañana por sus máximos responsables: el fiscal superior de La Rioja, Juan Calparsoro; el fiscal jefe de Oporto, Antonio Almeida; el magistrado de Eurojust, Juan Antonio García Jabaloy, y el Coronel Jefe de la Guardia Civil en La Rioja, Francisco Arribas.

La operación conjunta se inició hace dos años a raíz de una petición del consul de Portugal en Bilbao, que expuso la preocupación por las mafias que captaban a trabajadores en el país vecino y los traían a La Rioja y otras regiones españolas. Tras esa alerta la Fiscalía riojana, en colaboración con la de Oporto comenzó a trabajar y a reunirse con distintas asociaciones, sindicatos, Cáritas y entidades que trabajan con temporeros. Asimismo se celebraron dos encuentros en Oporto -donde ya estaban detrás de este tema desde 2002- y otros dos en Logroño.

Fruto de este trabajo se emitieron 31 euro órdenes de detención y entrega, cuya ejecución corresponde a la Audiencia Nacional, que se han saldado con la detención de 28 personas, 19 de ellas en Navarra, Zaragoza, Alava y La Rioja y otras 9 en Portugal. Otras dos personas están localizadas en Suiza y la última, se encuentra ingresada en un hospital portugués.

En total se han llevado a cabo 17 registros domiciliarios que se han efectuado en los municipios riojanos de Ábalos, Tricio, Huércanos y Murillo, así como en Árguedas y Valtierra (Navarra), La Almunia y Remolinos (Zaragoza) y Lanciego (Álava) . De los detenidos en España, 6 han aceptado ser entregadas a Portugal, mientras que 13 se han negado, por lo que la Audiencia Nacional tendrá que autorizar su entrega.

“EN CONDICIONES PRECARIAS”

Esta red de explotación, en la que participaban varios clanes familiares y que estaba totalmente estructurada, captaba a sus víctimas en barrios marginales de Portugal y buscaba a personas de bajo nivel intelectual y económico, según relató el coronel jefe de la Guardia Civil de La Rioja, Francisco Arribas. Bajo promesas de un importante salario los traían en furgonetas y en grupos de entre 10 y 20 personas a España y les daban alojamiento en pisos y barracones en los que vivían en condiciones deplorables.

Los responsables de estas mafias abrían a cada uno de los trabajadores una cuenta bancaria, pero se quedaban con las cartillas y con los números secretos. El empresario que contrataba a los temporeros era ajeno a lo que sucedía, ya que el pagaba a quien contrataba a la cuadrilla de trabajadores y éste a su vez les transfería el dinero, por lo que el empresario incluso podía comprobar que el salario -de unos 600 ó 700 euros mensuales- llegaba a sus destinatarios. Sin embargo, los miembros de la mafia eran los que operaban con estas cuentas y se quedaban con el dinero.

A los trabajadores, además de alojamiento en condiciones poco salubres y comida, les proporcionaban droga, tabaco y prostitutas y luego alegaban que les descontaban todo esto de su sueldo. Los trabajadores no llegaron nunca a denunciar en España, por la presión y extorsión a la que estaban sometidos y las únicas denuncias son la que se han presentado, a través de algunos familiares de las víctimas, en Portugal.

Según relataron tanto el coronel como el fiscal jefe, en los municipios riojanos estas redes no levantaron sospechas entre los vecinos, ya que los integrantes de las mafias vivían también en condiciones precarias ya que derivaban todo el dinero a Portugal donde realizaban inversiones y “tenían incluso 'castellos' (chalets)”. El coronel aseguró que se da por cerrado el operativo, aunque no se descarta que se abran nuevas actuaciones a raíz de las investigaciones.