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El 12 de abril de 2008

Tiempo de lectura: 04:26
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Espinosa deberá liderar la lucha contra el cambio climático

Europa Press

Elena Espinosa ha recibido el encargo del presidente del Gobierno de liderar la lucha contra el cambio climático, la "gestión integral del agua", además de las política de Agricultura, que se integrarán en el nuevo Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino.

Nacida en Orense en 1960, ha sido militante socialista desde su juventud y fue alumna del actual secretario general del PSdeG, Emilio Pérez Touriño, en la facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Santiago de Compostela. 

En 1985, pasó a formar parte de la denominada Zona de Urgente Reindustrialización, órgano creado por el Gobierno de Felipe González para potenciar las comarcas más afectadas por el proceso de reconversión industrial de 1984 y en el que permaneció hasta 1988, año en que fue nombrada presidenta de la Autoridad Portuaria de Vigo. En la anterior legislatura ostentó el cargo de ministra de Agricultura Pesca y Alimentación.

Tal y como avanzó José Luis Rodríguez Zapatero en su discurso de investidura, combatir el cambio climático será una "prioridad" para el nuevo Ejecutivo. De ahí la creación de este "gran ministerio", responsable de la "gestión del territorio para que quienes vivan de él aseguren su protección".

La 'guerra del agua' y el cumplimiento del Protocolo de Kioto son los principales desafíos ambientales de este nuevo ministerio, que inicia su andadura con controversias con la Generalitat de Cataluña, debido a la oposición del Gobierno central a realizar un trasvase de agua desde el Segre (afluente del Ebro) para evitar los cortes de suministros de agua en el área metropolitana de Barcelona a partir del próximo otoño.

El próximo mes de mayo la Generalitat tiene previsto decretar el nivel I de emergencia por lo que al nuevo titular de Medio Ambiente le urge buscar y negociar soluciones alternativas al trasvase preferido por el Ejecutivo catalán. Pero los conflictos sobre el agua no terminan en los problemas de abastecimiento de Barcelona. La anterior legislatura no pudo sacar adelante la reforma de la Ley de Aguas, para adaptar a la directiva europea, que exige, entre otras cosas, que se fije un precio del recurso que refleje realmente su coste.

A pesar de todo, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero se comprometió a que en 2012 esté solucionado el problema del agua en todas las comunidades autónomas, durante el discurso de investidura, para lo que apuesta por las desaladoras. La UE también exige que en 2009 estén aprobados los nuevos planes hidrológicos de cuenca.

Pero la 'guerra del agua' es, sobre todo, la que enfrenta a unos territorios contra otros en el Tribunal Constitucional. En estos momentos, tres comunidades autónomas (Comunidad Valenciana, Murcia y La Rioja) han recurrido el estatuto catalán por competencias en materia de agua. Además, Extremadura ha recurrido tanto el andaluz como el de Castilla y León por la misma causa, y La Rioja ha hecho lo propio con el estatuto aragonés. Las decisiones del Alto Tribunal también marcarán la política de agua del Gobierno.

EMISIONES DE CO2
Por otro lado, la ministra deberá hacer frente en esta legislatura al cumplimiento del Protocolo de Kioto para luchar contra el cambio climático. El convenio internacional obliga a España a no incrementar en más de un 15 por ciento en 2012 las emisiones de gases de efecto invernadero en España, cuando en el último año este porcentaje ya ha superado el 50 por ciento de crecimiento. El Ejecutivo se propone poner en marcha una Ley de Eficiencia y Ahorro Energético, promover las energías renovables y estudiar la llamada 'fiscalidad verde'.

Aunque forma parte de las competencias de Industria, la nueva titular de Medio Ambiente deberá posicionarse respecto a la energía nuclear. Aunque el programa socialista comprometía el cierre de las centrales nucleares al final de su vida útil, Zapatero abrió la puerta a una nueva reflexión durante el discurso de investidura cuando condicionó su apoyo o rechazo a las nucleares a la disponibilidad energética y las directrices europeas. La Central de Garoña, en Burgos, finaliza su vida útil el próximo año, y el Ejecutivo deberá decidir si amplía la autorización del titular o desmantela la instalación.

REFORMA DE LOS CULTIVOS MEDITERRANEOS

En el ámbito de la Agricultura, el principal reto al que ha de hacer frente Espinosa es la reforma de los cultivos mediterráneos, cuyas negociaciones aplazó la Presidencia irlandesa de la UE al 19 y 20 de abril ante las dificultades de los Estados miembros de acercar posiciones y por la postura del comisario europeo de Agricultura, Franz Fischler, que se mostraba inflexible en sus planteamientos sobre el régimen de ayudas.

Los Estados miembros se enfrentan a mayores presiones de lo habitual para cerrar las reformas de la Organización Común de Mercado (OCM) de aceite de oliva, algodón y tabaco a más tardar el próximo 26 de abril, fecha del último Consejo de Ministros europeos de Agricultura antes de la entrada a la UE de los países candidatos.

PROGRAMA SOCIALISTA

En esta materia, el programa del PSOE contempla también, entre otros aspectos, la aprobación de una Ley Básica de Orientación Agraria como instrumento de una agricultura sostenible basada en el modelo de agricultura familiar y la aprobación de un nuevo Plan de Regadíos para hecer efectiva la modernización de los mismos, con, al menos, una actuación anual real sobre 150.000 hectáreas.

El nuevo Gobierno pretende además elaborar una Plan de Modernización Agraria, coordinado con las comunidades autónomas, para fomentar la incorporación de jóvenes a la actividad agraria, con financiación suficiente para incentivar 10.000 nuevas incorporaciones anuales en la legislatura.

En el área de pesca, el PSOE pretende reforzar el papel de España en la Política Común de Pesca, así como exigir de la Unión Europea una política decidida de apoyo al sector pesquero en los acuerdos comerciales con terceros países.

Asimismo, centrará su atención en la pesca en el Mediterráneo para conseguir unas normas uniformes de conservación y gestión para todas las flotas que tengan en cuenta la especial problemática de este caladero en los aspectos biológicos, económicos y sociales.

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