La Defensora del Pueblo pide la retirada de las videocámaras del CAMP de Fuenmayor

El informe de la Defensora del Pueblo Riojano es concluyente. En él, María Bueyo Díez Jalón, insta a la Consejería de Servicios Sociales del Gobierno de La Rioja a que “ordene a los responsables del CAMP (Centro de Atención de Minusválidos Psíquicos) de Fuenmayor la retirada del sistema de videovigilancia instalado en el centro, o, en cualquier caso, que impida su puesta en funcionamiento, para proteger el derecho a la intimidad de los usuarios y residentes”.

Con dicho informe, al que ha tenido acceso Rioja2.com, se pretende poner fin a una controversia que se remonta a octubre del pasado año cuando cincuenta trabajadores del Centro de Atención de Minusválidos Psíquicos Santa Lucía presentaron una queja ante la institución riojana. En ella manifestaban su total desacuerdo con la instalación de las cámaras en el interior de las instalaciones, por la vulneración de los derechos de la intimidad tanto de trabajadores como de pacientes. Al mismo tiempo, también se indicaba que el personal no iba a tener acceso en tiempo real a las imágenes y que, en definitiva, se desconocía la finalidad de este sistema de videovigilancia.

Tras ser admitida la queja, la Consejería de Servicios Sociales presentó la documentación requerida por la Defensora del Pueblo Riojano. La Consejería utiliza como principal argumento, según señala el documento, el que la iniciativa “asegura la atención integral y continuada de los residentes del centro” y, en absoluto, “el control de los trabajadores”. Es por ello que insisten que las cámaras son “una herramienta de trabajo”, al tiempo que aseguran cumplir con la legislación vigente sobre protección de datos.

A pesar de ello, la Defensora del Pueblo Riojano insta a la dirección del centro a retirar las cámaras del CAMP Santa Lucía o, en todo caso, a impedir su funcionamiento.

TODO UN “LOGRO”

Por el momento, la respuesta de la Defensora del Pueblo ha sido recibida como un “logro”, según señalan fuentes de la sección sindical de la Comunidad Autonóma de La Rioja de CCOO porque defiende los derechos de los residentes, ya que considera que su puesta en funcionamiento vulneraría su derecho a la intimidad y a la propia imagen.

No obstante, dichas fuentes aseguran que la resolución de Díez Jalón, desde el punto de vista laboral “no defiende a los trabajadores”. En este sentido solicitan a la Consejería que se aumente el número de auxiliares, sobre todo que se refuerce el personal en el turno de noche porque en la actualidad sólo hay un auxiliar para controlar cada módulo y está “muy desprotegido”. Asimismo explican que el personal sanitario que atiende a los residentes del CAMP Santa Lucía está “altamente cualificado” y que estas cámaras vigilarían el trabajo diario y el comportamiento de los profesionales sanitarios.

Dichas fuentes han explicado que hace más de dos meses se pusieron en contacto con el secretario técnico de la Consejería de Servicios Sociales de La Rioja, José Manuel Cabañero Bacaicoa, para retirar las cámaras de videovigilancia del centro. La respuesta que obtuvieron es que la implantación de las cámaras se hizo con el fin de “mejorar el servicio del paciente”, afirmación a la que se oponen desde CCOO: “La vigilancia del paciente no se sostiene con las cámaras, sino con el personal sanitario porque se trata de pacientes muy especiales”.

Ante este hecho, los trabajadores del CAMP Santa Lucía presentaron una denuncia a la Inspección de Trabajo para que decida si la instalación de dichas cámaras está dentro de la legalidad o no.

Asimismo, el pasado mes de diciembre UGT ya había reclamado a Servicios Sociales el incremento de personal en el turno de noche. También el sindicato, en esta ocasión, ahondó en las “graves carencias” en materia de salud laboral en el centro.