Reabierta la causa contra la alcaldesa de Hernani
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ordenó hoy la reapertura del procedimiento iniciado contra la alcaldesa por ANV de Hernani, Mariam Beitialarrangoitia, acusada de un delito de enaltecimiento del terrorismo por el apoyo prestado a los presuntos miembros de ETA Igor Portu y Marttin Sarasola durante la presentación de las candidaturas de su formación para las elecciones, celebrada el pasado mes de enero.
Según el auto hecho público hoy, la Sala considera que el archivo de la causa acordado por el juez Santiago Pedraz fue “prematuro” y sigue la opinión de Fiscalía que se opuso mediante un recurso de apelación al cierre del procedimiento.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional presentó el recurso de apelación al archivo de las diligencias en enero después de que el juez decretara el archivo de la causa al considerar que las palabras de la alcaldesa no perseguían “la exaltación o justificación de métodos terroristas” sino “el elogio o la defensa de ideas” que en este caso ponían “en cuestión el marco constitucional”.
Los dos presuntos etarras, a los que se atribuye el atentado contra la T-4 del aeropuerto de Barajas, habían denunciado la existencia de torturas policial durante su detención.
En su declaración ante el magistrado, Beitialarrangoitia explicó que cuando pidió “un chaparrón de aplausos” para Portu y Sarasola, quería poner de manifiesto “los malos tratos” que supuestamente habían sufrido y expresar su “sentimiento de respeto a la situación de estas dos personas”.
“OFENSA A LA POLICÍA”
En el recurso de apelación contra el auto de Pedraz, el fiscal Ignacio Gordillo sostenía que no se podía alegar el derecho a la libertad de expresión como justificación de la conducta de Beitialarrangoitia, ya que “atribuir falsamente a los cuerpos policiales un delito tan grave como es la tortura en un acto público es un claro acto de menosprecio y ofensa a toda la policía española”.
“Manifestar que toda la policía española comete de forma sistemática tortura es desacreditar, menospreciar y ofender a todas las fuerzas de seguridad de nuestro país”, sostenía Gordillo antes de argumentar que la protección constitucional que otorga la Constitución para expresarse libremente “excluye las expresiones absolutamente vejatorias”.
El fiscal también señalaba que la actuación de Beitialarrangoitia es “más grave” por su “condición de alcaldesa de un importante municipio y por la responsabilidad que dicho cargo tiene ante los ciudadanos”. De igual modo, apuntaba que “para apoyar y enaltercer a una banda terrorista como ETA y a sus militantes y terroristas, como Igor Portu y Mattin Sarasola, no es necesario una sentencia firme”, sino que es suficiente con el hecho de que ambos se encuentren “encausados” en sendos procedimientos judiciales.
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