Tres detenidos en Logroño por un delito contra el derecho de los trabajadores y amenazas

Dentro del marco de colaboración existente entre la Inspección de Trabajo de La Rioja y el Grupo Operativo de Extranjeros de la Jefatura Superior de Policía con la finalidad de perseguir los delitos que se cometen contra los derechos de los trabajadores, se pudo saber a través de una denuncia presentada por un ciudadano en la citada Inspección, con el asesoramiento de un sindicato de Logroño, que la empresa “CONTROLADORES JIMENEZ” radicada en Zaragoza, se dedicaba a la vigilancia de obras en construcción y estaba operando en Logroño utilizando como trabajadores en labores de vigilancia, a ciudadanos españoles y extranjeros, sin que ni la empresa ni los trabajadores estuvieran autorizados para realizar este tipo de funciones.

Los agentes averiguaron asimismo que a mediados del pasado año, esta sociedad fue inspeccionada por funcionarios de la Unidad de Seguridad Privada de esta misma Jefatura Superior de Policía y propuesta para sanción por infracción muy grave a la Ley de Seguridad Privada, al estimarse que se estaba dedicando a labores de seguridad y vigilancia para las que no estaba autorizada, practicando por tanto un grave e ilegal “intrusismo” en este sector.-

Tras localizar a varios ciudadanos que habían trabajado en labores de vigilancia para la citada empresa, se les tomó declaración sobre los hechos y a tenor de las gestiones ya practicadas y de lo contenido en sus declaraciones, ( las funciones que realizaban los trabajadores eran prestadas en precarias condiciones para ellos, hasta el punto de usar una caseta de obra como vivienda habitual) se detuvo el administrador de la empresa, R. J. J., de 41 años, de edad, natural de Carrión de los Condes (Palencia) con domicilio en Zaragoza, su hermano J. A.. J..J. de 35 años de edad, natural de Zamora y domiciliado asimismo en Zaragoza y el encargado de la empresa en Logroño, A .B .Y. de 59 años natural y domiciliado en Zaragoza. Se les imputa en un delito contra los derechos de los trabajadores, y otro de amenazas, siendo, tras la finalización de las diligencias instruidas, puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia, cuyo titular decretó su libertad con cargos.

Además de las responsabilidades penales que pudieran corresponder a los detenidos, la empresa se enfrenta a sanciones que pudieran superar los 200.000 euros.