Arbacares acusa a Gómez Ijalba de “mentir” sobre la distancia entre bares

La Asociación de Hostelería y Restauración de La Rioja (Arbacares) ha acusado este martes al concejal de Desarrollo Urbano de Logroño, Miguel Gómez Ijalba, de “mentir” en el asunto de las distancias entre bares, ya que no se tramitó por error, sino que este edil autorizó la modificación de la normativa.

Así lo ha denunciado el director de Arbacares, Enrique Arévalo, quien ha comparecido en rueda informativa acompañado por el presidente de esta entidad, Aurelio San Casimiro, el vicepresidente de Logroño Sin Ruido, Fernando Mangado, y el asesor legal de Comercio Unido de La Rioja, Ignacio Villaluenga.

Este asunto se remonta a la anterior legislatura, cuando el equipo de Gobierno del PP propuso modificar la normativa que regula la distancia entre bares, de modo que se reducía de 100 a 75 metros, y se mantenía en 25 metros en calles del Casco Antiguo. Como no se llegó a un acuerdo con el sector hostelero, se decidió no cambiar la norma -que ya se había aprobado de forma inicial-, pero la tramitación quedó en suspenso hasta después de las elecciones de mayo de 2007.

Sin embargo, desde junio pasado gobierna en Logroño una coalición formada por el PSOE y el Partido Riojano (PR), cuyo primer teniente de alcalde, Ángel Varea (alcalde en funciones en agosto), fue quien tramitó “por error” este asunto, de modo que al final se reducían las distancias entre bares. Para Arbacares, esta versión del Ayuntamiento de Logroño no es cierta, ya que han apreciado algunas modificaciones en el artículo 5 de esta normativa, un trámite que contó con el respaldo del concejal de Desarrollo Urbano, el regionalista Miguel Gómez Ijalba.

Mientras que el equipo de Gobierno reacciona y corrige este asunto, se han presentado un total de 41 licencias para establecimientos del Grupo B, que el Ayuntamiento tendrá que conceder o indemnizar a sus solicitantes con 150.000 euros. Finalmente, se corrigió el asunto y el Pleno de la COTUR aprobará el cambio de esta normativa el 4 de marzo, por lo que ya no se podrán solicitar más licencias.

Por su parte, San Casimiro ha acusado al equipo de Gobierno de “mentir”, ya que prometieron celebrar un Pleno extraordinario a partir del 17 de febrero para suspender las licencias y no lo han cumplido.

Además, los responsables municipales animaron a Arbacares a presentar un recurso judicial para pedir una suspensión cautelar, pero después se opusieron, al igual que la Comunidad Autónoma de La Rioja. Por ello, un auto del pasado 19 de febrero de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja ha rechazado la petición de esta asociación hostelera de que se paralice la concesión de estas 41 licencias.

El representante de Logroño Sin Ruido ha insistido en denunciar “la vulneración de derechos fundamentales por la inoperancia de estos concejales” y el portavoz de Comercio Unido criticó que “se pone en riesgo la inversión de muchos empresarios, ya que el procedimiento ha sido especialmente torpe”