Dasarticulada una banda dedicada a la estafa y asalto de casas
La Guardia Civil ha desarrollado en diversas localidades de la Costa del Sol una operación con la que ha logrado la desarticulación de una red organizada formada por 25 personas a las que se les imputan inicialmente cerca de 300 delitos, sobre todo asaltos a viviendas y estafas mediante la utilización de tarjetas de crédito sustraídas.
La operación, denominada Centry, se saldó con la detención de 19 personas y la imputación de otras seis como presuntos autores de delitos de asociación ilícita, robos con fuerza, falsificación de documentos, tráfico de drogas y estafas utilizando tarjetas de crédito sustraídas, según informó hoy el instituto armado.
La operación se inició a mediados de 2007 a raíz del estudio y análisis de la documentación intervenida en otras operaciones anteriores contra la delincuencia organizada desarrolladas en diferentes provincias. Estas investigaciones permitieron localizar varios puntos de la provincia donde almacenaban todos los efectos para cometer los robos y los objetos sustraídos.
Los detenidos son en su mayoría de origen magrebí, tal y como informaron fuentes cercanas a la investigación. Así, hay 14 personas de nacionalidad argelina, cuatro marroquíes, seis españoles y un francés. El presunto jefe de la red fue arrestado en Fuengirola (Málaga), tras embestir con su coche al vehículo camuflado de los agentes que intentaban detenerle.
La organización desarticulada se estructuraba en tres células, cada una de ellas con una función claramente diferenciada, aunque coordinado por un ciudadano argelino, que era el jefe de la red. De esta forma, la primera célula se encargaba del reconocimiento y localización de las viviendas que podrían ser objetivo prioritario para cometer los robos.
Una vez recabada esta información, se lo indicaban a otro grupo que era el encargado de penetrar en las viviendas y sustraer los objetos que pueden tener más facilidad de salida en el mercado. Desde la Benemérita informaron de que la mayor parte de estos robos se cometían en tramos horarios en los que habitualmente se ausentaban los turistas para comer o cenar.
En cuanto a la segunda célula, sus actividades se centraban en “la realización de operaciones fraudulentas por elevadas cantidades de dinero, mediante la utilización de tarjetas de crédito sustraídas”. Para ello, los presuntos integrantes se dirigían a entidades bancarias para solicitarles varios Terminales de Punto de Venta (TPV) que serían instalados en un supuesto negocio, para el cobro de sus clientes.
Para conseguir engañar a las entidades bancarias, presentaban documentación falsa con la que demostraban ser titulares de empresas con una actividad comercial determinada. Seguidamente, utilizaban las tarjetas sustraídas a extranjeros de vacaciones, para cargarles unos importes elevados por unas compras que nunca habían realizado.
Para evitar ser detectados, la sede de estos negocios ficticios cambiaba frecuentemente de domicilio. La tercera célula se dedicaba a a dar salida a los objetos sustraídos por la banda, a través de receptadores, de forma que el grupo se valía de diversas personas que les adquirían los objetos y de un comercio de compra-venta de oro ubicado en Marbella (Málaga), cuya propietaria ha sido detenida y el establecimiento precintado.
Los objetos de oro intervenidos tienen una valoración de unos 800.000 euros. En el desarrollo de esta operación, la Guardia Civil ha practicado en total 12 registros domiciliarios, de ellos tres en Marbella, dos en Fuengirola, otros tantos en Torremolinos, uno en Málaga, dos en Benalmádena y otros dos en Estepona.
En esos registros se intervino material electrónico, como televisores de plasma, ordenadores, video-fotografía, navegadores y GPS; además de gran cantidad de joyas, útiles para verificación de autenticidad de oro y diamantes, cerca de 100.000 euros en moneda de curso legal, herramientas para la comisión de los delitos, prendas de ropa sustraída de marca, lectores TPV y recibos de transacciones realizadas a través de éstos y documentación en soporte físico e informático.
Las investigaciones fueron llevadas a cabo por efectivos del Equipo Contra el crimen Organizado (ECO) de la Guardia Civil de Málaga y dirigidas por el Juzgado de Instrucción número 2 de los de Torrevieja (Alicante).
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