La ministra se muestra “muy satisfecha”
Espinosa ha declarado, en rueda de prensa, que la nueva OCM “da soluciones” a los problemas para todos los tipos de productores del sector vitivinícola.
Ha asegurado que con esta regulación España, tercer productor de vino de la UE, “se consolida como el primer perceptor de los fondos de la OCM, más del 31% y unos 420 millones de euros anuales”.
La ministra ha subrayado que el acuerdo final recoge “plazos transitorios” de cuatro años, durante los cuales los productores podrán recibir apoyos como la destilación de crisis, las ayudas al mosto y un tipo de ayuda para el viticultor que destine su vino a la destilación de alcohol para la fabricación de brandy o licores.
En el caso de las actuales ayudas a ese último tipo de destilación, conocida como alcohol de uso de boca, el apoyo se dará al viticultor, para evitar el desabastecimiento, en lugar de otorgarse al destilador como ahora.
Por otro lado, España valora que la UE haya admitido la posibilidad de que dentro de los “sobres” o presupuesto para cada país, se introduzca por primera vez el pago único o la ayuda a la hectárea para el viticultor (lo que ya ocurre en otros cultivos).
La ministra ha añadido que la OCM por primera vez recoge la financiación de medidas para la promoción en países terceros, a la que España pretende destinar 32 millones de euros anuales.
La reforma “introduce un alto grado de subsidiariedad” porque los Gobiernos distribuirán los apoyos según su criterio, según la ministra.
España valora que la liberalización del cultivo de viñas se haya atrasado hasta final de 2015 y hasta entonces continúen los actuales derechos de plantación, si bien los países podrán mantener estas restricciones hasta final de 2018. Espinosa ha indicado que en 2012 se evaluará el funcionamiento del sistema.
La ministra ha insistido en que el arranque deja de ser el eje central de la reforma y queda en un programa social de tres años de duración, para promover el abandono de 175.000 hectáreas de viñedo, con primas que el primer año serán el 20% superiores a las actuales por arrancar; el segundo un 10% más y el tercero igual.
Por otra parte, la reforma establece que los países pueden limitar el arranque a un 8% de su superficie de viñas y las comunidades autónomas a un 10%; también se fijan restricciones a ese abandono en zonas pendientes o por criterios ambientales.
Según el Ministerio, un viticultor que arranque una superficie con un rendimiento medio de 45 hectolitros por hectárea (Castilla-La Mancha) percibiría entre 4.800 y 5.500 euros por hectárea, según al año en que se acoja al programa.
La ministra ha aludido también a la nueva clasificación de denominaciones de origen y de indicaciones geográficas protegidas, más simplificada.
Las nuevas categorías de protección de vinos sustituyen a los “vinos de calidad producidos en regiones determinadas” y a los vinos de mesa con derecho a mención de “vinos de la tierra”.
Además, la reforma da un estatus de organizaciones interprofesionales a los consejos reguladores, lo que favorece a denominaciones como Jerez, Málaga, Montilla-Moriles, Cava o Manzanilla; además se protegerán nombres tradicionales como el vino generoso y los de crianza, reserva y gran reserva.
“España ha conseguido paso a paso” sus peticiones, tras casi dos años de trabajos sobre la reforma, ha remarcado la ministra. Ha explicado que la OCM también permitirá indicar en la botella la variedad y la añada para los vinos que no estén dentro de las denominaciones, lo que contribuirá a aumentar la competitividad de tales tipos de caldos.
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