En busca del acuerdo

Los ministros de Agricultura y Pesca de la UE buscarán a partir de este lunes un acuerdo político definitivo para la reforma del sector del vino, sobre la que llevan negociando seis meses y donde España tratará de mantener las ayudas agrícolas para el sector, las subvenciones a la destilación para la producción de alcohol de uso de boca y la gestión de la producción en manos de las denominaciones de origen en lugar de una total liberalización de las plantaciones. Se espera que la reforma pueda entrar en vigor en agosto de 2008.

Ésta son las 'líneas rojas' que ha señalado el Gobierno, que en las últimas semanas ha intensificado sus contactos con la Comisión Europea, con la Presidencia portuguesa de la UE y con el resto de Estados miembros para tratar de cerrar un texto de compromiso al que España pueda dar su visto bueno. En caso de que no sea así, “estaríamos en una posición mucho más dura para llegar a un acuerdo que sea positivo”, advirtió esta semana en Bruselas el director general de Agricultura, Josep Puxeu.

Desde que la Comisión Europea presentó su propuesta legislativa el pasado mes de julio, la reforma del vino ha sido discutida por los ministros todos los meses en el Consejo de Agricultura. En la sesión que empieza mañana se intentará rematar un proceso que, según declaró esta semana la ministra de Agricultura, Elena Espinosa, pasa por “momentos tensos”, a pesar de lo cual España “no tirará la toalla y hará valer su fuerza”.

Los principales escollos que requerirán una decisión política en la reunión que empieza mañana y que casi se corresponden con las 'líneas rojas' españolas son los relativos a los sobres financieros nacionales, la liberalización de los derechos de plantación y la oposición de la mayoría de los Estados miembros a eliminar la práctica enológica de la chaptalización (la adición de azúcar para aumentar grados de alcohol) que la Comisión y países como España sí querrían ver desaparecer.

EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO

En lo que respecta a la dotación financiera, la Comisión y la Presidencia portuguesa insisten en el “equilibrio presupuestario”, es decir, 1.300 millones de los que alrededor de 400 corresponderían a España. La cuestión que se plantea desde el punto de vista de la cantidad tiene que ver con la reclamación de los nuevos Estados miembros de aumentar sus dotaciones nacionales, algo que en principio se descartaba por la oposición de los antiguos países, pero que podría reabrirse ante la lógica que aplican algunos de que si se amplían fondos, también ellos podrán aumentar su presupuesto.

Aquí España también pide que se mantengan los fondos para el sector del vino y que, aunque de algún modo puedan vincularse al desarrollo rural, no se transfieran totalmente a esta rúbrica. “Los fondos deben poder utilizarse en el sector del vino”, dijo Puxeu. En este sentido, la comisaria de Agricultura, Mariann Fischer Boel, dio esta semana muestras de “flexibilidad” y anunció en el Parlamento Europeo que estaría dispuesta a reducir la cantidad de transferencias desde los fondos agrícolas para el vino al desarrollo rural.

La cuestión de los sobres nacionales también tiene que ver con las medidas que podrían financiarse con ellos. Aquí Fischer Boel anunció que accederá a incluir medidas relativas a innovación y a la reestructuración de bodegas, pero a España le sigue preocupando que “aún no” esté incluida la alternativa que ha propuesto a la eliminación de las ayudas a la destilación para la producción de alcohol de uso de boca (brandis y licores), uno de los métodos de intervención que quiere eliminar Bruselas.

El Gobierno pide un sistema similar al que se acordó en junio para las frutas transformadas, que consiste en un periodo transitorio de ayudas (dentro del sobre nacional) a la producción siempre que esté ligada a la producción de alcohol de uso de boca, para terminar otorgando una ayuda a la hectárea. Así se mantendrían de forma transitoria las ayudas a la destilación para la producción de alcohol de uso de boca. Fuentes de la Presidencia portuguesa admitieron que “para encontrar un compromiso con España hay que encontrar una solución a la destilación para alcohol de uso de boca”.

LIBERALIZACIÓN DE PLANTACIONES

En cuanto a la liberalización de plantaciones, sin la reforma el sistema de derechos terminaría en 2010 y la Comisión propuso mantener el sistema actual hasta finales de 2013. Los países productores se oponen a acabar con el régimen actual y algunos como Francia proponen retrasar esta decisión hasta 2012 en base a un informe de impacto. Por su parte, la Presidencia portuguesa está determinada a que el acuerdo sobre la reforma del vino incluya una “fecha exacta” para la liberalización.

España reclama que no se liberalicen los derechos de plantación para el vino con denominación de origen (DO) y que sean éstas las que puedan controlar la producción y gestionar las nuevas plantaciones.

En cuanto a la chaptalización, a estas alturas parece claro que se mantendrá una práctica que reclaman 20 Estados miembros que, a diferencia de España, Italia o Portugal, aumentan los grados de sus vinos con la adición de azúcar. El debate ahora es “racionalizar” esta práctica, explicó Puxeu, en alusión a la limitación de regiones o de los grados que se podrán aumentar con ella. España también quiere una mención expresa en el etiquetado que aluda al empleo de esta práctica.

La adición de mosto para fines similares corre paralela a la cuestión de la chaptalización y para cuya producción hasta ahora había subvenciones comunitarias. Igual que con las ayudas a la destilación, Bruselas quería acabar con ellas, a lo que se oponen los países que más enriquecen con mosto, como Italia o Portugal.

ARRANQUE DE VIÑEDOS

Uno de los elementos que resultaron más polémicos al principio de la negociación fue el arranque de viñedos que proponía Bruselas para reducir la producción de vino y fomentar sólo la más competitiva. Sin embargo, este aspecto ha quedado limado a lo largo del proceso de negociación.

A día de hoy, la superficie de vid que habrá que arrancar se ha reducido desde las 400.000 hectáreas que planteó Bruselas en su primer documento, a 200.000 hectáreas en su propuesta legislativa y, finalmente a 175.000 hectáreas. Puxeu destacó que la propuesta de arranque está “muy reducida en cuanto a numero de hectáreas” y será para “usos puramente sociales, para un abandono de la producción de algunos agricultores” que no superará el 2 por ciento del territorio de cada país ni el 10 por ciento de la superficie de un termino municipal.

Las compensaciones que recibirán los agricultores tampoco correrán a cargo de los presupuestos nacionales, sino que la Comisión otorgará una prima de unos 7.000 euros por hectárea abandonada que, a diferencia de los 5 años que propuso Bruselas en un principio, estará disponible en tres. Según el acuerdo ya alcanzado sobre este punto, los agricultores que decidan abandonar su producción durante el primer año de la reforma recibirán la prima más el 20 por ciento; en el segundo año, la prima más el 10 por ciento, y el tercero, solamente la prima.

Por otra parte, parece probable que las etiquetas del vino de mesa podrán hacer constar la variedad de la uva y la añada y que se incluirán dentro del concepto “vino” los caldos producidos a partir de frutas o flores, tal y como reclamaban algunos países del este de Europa.