La Fundación Tutelar atiende a 255 personas

La Fundación Tutelar de La Rioja atiende a 255 personas, de las que 88 son menores, y vela por sus intereses personales y patrimoniales, ha informado la consejera de Servicios Sociales, Sagrario Loza.

Loza ha presidido una reunión del Patronato de la Fundación Tutela, cuya gerente, Victoria Díez, ha informado sobre las actuaciones desarrolladas durante 2007 y sobre las previstas para 2008, entre las que figura la celebración de las II Jornadas Nacionales de Fundaciones Tutelares.

La consejera ha añadido que esta Fundación riojana se puso en marcha con 22 personas a las que tutelaba y, en la actualidad, esa cifra se ha elevado a 255, entre las que predominan las mayores de edad incapacitados por orden judicial. La mayoría de estas personas tuteladas, de acuerdo con los datos de Loza, residen en centros públicos, pero también hay otras que viven en sus domicilios o pueblos, lo que contribuye a no desarraigarlas de su entorno.

La Fundación, según ha precisado, ha trabajado este año en el diseño de una página web adaptada a las personas discapacitadas y el año próximo se sumará a los estándares de calidad previstos para la Consejería de Servicios Sociales, con el fin de ofrece una respuesta más eficaz y rápida a las personas que atiende.

Esta Fundación Tutelar nace con la misión de “cuidar y proteger a las personas tuteladas que carecen de familiares, velando porque sus derechos como persona sean respetados y lograr la mejora de su calidad de vida”. Entre los fines de la Fundación figuran el ejercicio de la tutela y curatela de los mayores de edad encomendados por la autoridad judicial, la guarda y protección de los bienes de los menores tutelados y la defensa judicial de los residentes sobre los que se haya iniciado un proceso de incapacitación.

También debe procurar la integración de los tutelados en su medio social, la atención personal del incapacitado y el asesoramiento a las personas que ejerzan funciones tutelares. El trabajo central de la Fundación consiste en el seguimiento de estas personas protegidas legalmente, con el fin de procurar satisfacer sus necesidades y carencias y conseguir la mejora de su situación personal y una mejor integración social.