CES valora positivamente el Anteproyecto de Ley de Agricultura y Ganadería pero apunta cuestiones “a mejorar”

El Consejo Económico y Social de La Rioja (CES) ha aprobado el Dictamen 1/2023 sobre el Anteproyecto de Ley de Agricultura y ganadería de La Rioja. En sus observaciones generales, el CES valora positivamente el Anteproyecto de Ley de Agricultura y Ganadería de La Rioja, señalando en su dictamen que “la importancia del sector agrario en La Rioja es incuestionable, de tal manera que, la relevancia de este sector para la economía riojana obliga a la asunción de los desafíos que permitan fortalecer el sector, manteniendo su relevancia y dinamismo”.

Sin embargo, el Consejo Económico y Social ha señalado en nota de prensa que “es imprescindible llamar la atención respecto a diferentes cuestiones que deberían mejorarse en la tramitación del Anteproyecto objeto del presente dictamen. En este sentido, la primera cuestión que habría que comentar es relativa a la técnica legislativa utilizada”. En este sentido, aclara el CES que “a lo largo del articulado hay diversos apartados que no hacen sino recoger lo expuesto en normativa nacional, cuando sería preferible hacer una remisión y simplificar la norma, en la medida de lo posible”.

El dictamen del CES detalla que “se advierte que el uso de este tipo de técnica legislativa conlleva un riesgo en la medida en que la actualización de la normativa nacional, dejaría desactualizada la normativa autonómica. Asimismo, implicaría un aumento de presión jurídica para el sector, en la medida en que se debería atender a lo dispuesto, tanto en la normativa nacional como en la autonómica. A título ejemplificativo, -recuerda el CES,- el pasado 29 de diciembre fueron publicadas en el Boletín Oficial del Estado diversas normativas relacionadas con materias tratadas en el Anteproyecto de Ley objeto del presente dictamen, lo que aconsejaría revisar lo establecido en la presente Ley, con la finalidad de evitar que se tramite desactualizada con respecto a la normativa nacional”.

El CES realiza una advertencia en varios aspectos de este Anteproyecto de Ley. El primero de ellos es el concepto de explotación agraria representativa, de manera que una explotación que cumpla una serie de requisitos, sería lo suficientemente representativa a efectos estadísticos. En este sentido, sin perjuicio de que se pueda concretar reglamentariamente, el CES dice que “sería recomendable añadirla en el apartado de definiciones del Título I del Anteproyecto de Ley. Así, al desarrollarse con detalle el concepto, se partirá de una serie de notas características”.

Otro aspecto que comenta el CES se refiere al anuncio de que el sector público y el Gobierno de La Rioja fomentará el asesoramiento a las diferentes explotaciones agrarias a través de una serie de entidades que, de nuevo, se determinarán reglamentariamente. En este sentido, pese a que el Anteproyecto anticipa una serie de apoyos para que las explotaciones agrarias puedan acceder al asesoramiento, el CES explica que “no concreta quién se encargará”. Y comenta que “la situación sería diferente si se lleva a cabo por los medios propios de la Administración, a través de convenios con diferentes profesionales o mediante las organizaciones profesionales más representativas del sector”. Concluye en el dictamen que “tampoco se especifica un marco temporal para la implementación del registro en el que deberán inscribirse las entidades que deseen prestar asesoramiento a las explotaciones agrarias”.

El dictamen del CES también realiza una consideración sobre la apicultura y subraya que “dada la importancia de la apicultura para la sostenibilidad social, económica y ambiental, se echa de menos que se obvie su tratamiento en el Título III, destinado a la ganadería”. Por este motivo, desde este Consejo Económico y Social, “se recomienda añadir cierta regulación al respecto, sea mediante la introducción de un Título nuevo o mediante algunos preceptos en el Título III”.

El Anteproyecto de Ley de Agricultura y Ganadería reconoce la importancia que debe tener la innovación y la investigación en cualquier sector. Por ello, en el artículo 122 establece la creación de la Comisión Delegada de la Estrategia de Especialización Inteligente en materia de investigación agraria. Este órgano estará constituido por representantes de los agentes públicos y privados del sector. El CES indica que “se advierte de cierta falta de concreción a la hora de establecer quiénes serían esos agentes, pues se debería hacer mención a las organizaciones profesionales agrarias y a los agentes económicos y sociales más representativos del sector agroalimentario”.

En el marco de la innovación, se hace especial mención a la formación de los profesionales, motivo por el que el Gobierno de La Rioja fomentará cursos a los profesionales del sector. Sin embargo, el CES comenta en su dictamen que “no se indica la fuente de financiación de los citados cursos ni cómo se van a impartir. Además, se indica que es competencia del Gobierno de La Rioja sin especificar si se trata de una competencia exclusiva, en el sentido de que únicamente la Consejería competente pueda impartir y organizar formación. Al fin y al cabo, estos cursos podrían ejecutarse mediante colaboraciones con las diferentes asociaciones más representativas del sector o a través de acuerdos con instituciones educativas de La Rioja”.

Uno de los aspectos más relevantes del Anteproyecto de Ley de Agricultura y Ganadería en materia de innovación e investigación es la creación de la Entidad Pública de Investigación Agraria. Se trata de una entidad pública con el objetivo de fomentar y establecer planes de investigación en el sector agrario y agroalimentario. Una de las cuestiones a tener en cuenta en la creación de esta entidad es la debida justificación de su necesidad. El Consejo Económico y Social considera que “en ningún momento se cuestiona la necesidad de apostar por la innovación y la investigación, sin embargo, del propio plan de la Entidad Pública de Investigación Agraria se desprenden una serie de interrogantes. Así, se reconoce que en La Rioja se llevan a cabo diferentes labores de investigación a través de la Universidad de La Rioja, del Instituto de Ciencias de la Vid y del Vino y de diversas instalaciones de investigación del Gobierno de La Rioja”.

Por ello, ante la existencia de diferentes organismos preexistentes, el CES advierte que “sería recomendable justificar la necesidad de esta nueva entidad, máxime teniendo en cuenta que se reconoce que las diferentes instalaciones del Gobierno de La Rioja colaborarán con la nueva entidad pero no se integrarán a ella, con la salvedad del Servicio de Investigación Vitivinícola. La necesidad de una debida justificación trae causa, además de lo expuesto, del aumento del presupuesto que conlleva su creación e implementación”.

Asimismo, respecto de los órganos de gobierno de la Entidad Pública de Investigación Agraria, el CES valora que “se advierte cierta vaguedad a la hora de establecer la composición del Consejo de Administración. Este órgano de máximo nivel será desarrollado más adelante y se dan más detalles en los Estatutos de la Entidad. Sin embargo, al ser el objeto de la Entidad la innovación y la investigación en el sector agrario, no se hace mención a participación de las asociaciones más representativas del sector”.

En el apartado del asociacionismo, el Anteproyecto de Ley establece la creación de dos órganos: el Consejo Agrario de La Rioja y la Mesa Ganadera. Ambos órganos colegiados tienen unas funciones similares de hacer informes acerca de la situación del sector y hacer seguimiento de diferentes políticas, así como elaborar sugerencias y propuestas. El Consejo Económico y Social de La Rioja considera que “su composición es algo vaga, pues no se establece el número de miembros, se reconoce la presencia de las asociaciones más representativas del sector, pero no se indica el peso que tendrán del conjunto de miembros de dichos órganos. Además, -señala- ”no se prevé un calendario de su puesta en marcha. Por ello, nuevamente, sería adecuado, profundizar e incluir mención expresa a “las organizaciones profesionales agrarias más representativas del sector”.

Por otra parte, el CES analiza que, tras examinar diferentes cuestiones que habría que mejorar del Anteproyecto, “es necesario detenerse en la cuestión de la previsión económica. En este sentido, la Entidad Pública de Investigación Agraria cuenta con un plan inicial que permite determinar el impacto económico de esta Ley. Sin embargo, con relación a otros aspectos, sería necesario complementar la información económica del Anteproyecto objeto del presente dictamen”.

Finalmente, el CES ha detectado “un excesivo número de aspectos cuya regulación concreta se remite a un desarrollo reglamentario posterior. Esta técnica legislativa deja inoperativa parte de la Ley, hasta su posterior desarrollo. Por este motivo, sería adecuado reducirlo”.

Además de otras observaciones formales y al articulado del Anteproyecto de Ley de Agricultura y Ganadería de La Roja, el CES realiza otra observación a la disposición adicional primera del Anteproyecto de Ley, que establece determinadas medidas para la contratación pública fomentando el consumo de productos ecológicos. En este sentido, el CES recuerda que “el valor estratégico de la contratación pública como vehículo adecuado para obtener mejoras sociales, medioambientales y de otros órdenes, pasa por situar a la calidad como paradigma en la contratación pública. Por consiguiente, es preciso plantear medidas que corrijan las deficiencias que puedan surgir en los procesos de contratación pública del Gobierno de La Rioja”.

El CES añade que “si se pretende fomentar el consumo de productos ecológicos, sería adecuado que se introdujeran en dichos procesos fórmulas de valoración de las ofertas económicas que, poniendo en valor la relación entre la calidad de las prestaciones a contratar y su coste, eviten la presentación de ofertas mediocres a causa de la minoración de los precios y que, por este motivo, no puedan ejecutarse con garantías poniendo en riesgo la satisfacción del interés público”.