El Gobierno declara zona catastrófica el incendio de Alfaro

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil, conocida como zona catastrófica, a los territorios afectados por grandes incendios en 15 comunidades autónomas, todas excepto Cantabria y Asturias. En el caso de La Rioja incluye el incendio ocurrido el 10 de julio en Alfaro.

Así lo ha anunciado la portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Rodríguez ha lamentado los 120 incendios forestales producidos en los últimos meses que han provocado la muerte de hasta tres personas y la evacuación de 27.500 personas de sus hogares.

“Son incendios con características diferentes a las conocidas hasta ahora, debido al cambio climático, como las altas temperaturas que estamos viviendo”, ha señalado al respecto Rodríguez, quien ha advertido de que en lo que va de año se han visto afectadas más de 200.000 hectáreas frente a las 50.000 del año pasado.

De este modo, ha instado a “poner todos los mecanismos para trabajar en la prevención y extinción de incendios”. “Es momento de echar una mano a las CCAA, colaborar en esa que es su competencia y complementar esas ayudas para que los afectados puedan superar estos momentos”, ha añadido.

En todos los casos, estos incendios alcanzaron tal gravedad que las comunidades autónomas afectadas se vieron obligadas a activar sus respectivos planes de protección en una situación operativa de niveles 1 o 2, tal y como establece el Plan Estatal General de Emergencias (PLEGEM).

Tres personas han fallecido como consecuencia de estos incendios y decenas han sufrido lesiones de distinta consideración. La virulencia de los fuegos ha obligado, además, a la evacuación preventiva de más de 27.500 personas, cifra que representa un récord absoluto.

Estos incendios han generado asimismo un grave daño medioambiental y han provocado graves desperfectos en infraestructuras y en bienes públicos y privados, así como en cultivos y explotaciones agropecuarias, polígonos industriales y otras instalaciones productivas, si bien en este momento no han podido ser todavía cuantificados con precisión.