Publicado el decreto de tanteo y retracto de Gobierno sobre VPO

Este decreto, publicado hoy y aprobado recientemente por el Ejecutivo regional, pretende que el Gobierno pueda optar a comprar las viviendas protegidas que se vendan en la región, que se calcula que oscilan entre un centenar de 150 al año.

Así se busca que la vivienda protegida cumpla su función social durante el periodo de protección y sea adjudicada a quién realmente la necesita, además de proteger a los compradores evitando ventas fraudulentas con sobreprecios en dinero no declarado.

El decreto regula los derechos de tanteo y retracto a favor de la administración riojana y del Instituto de la Vivienda de La Rioja (IRVI) sobre las viviendas protegidas de cualquier régimen, así como la obligación del propietario de comunicar la venta de las mismas.

El Ejecutivo regional ejercerá estos derechos de tanteo y retracto sobre segundas y sucesivas transmisiones de viviendas protegidas en régimen de alquiler y primeras transmisiones si existe denuncia del comprador.

No se ejecutará el decreto si las transmisiones son de cuota indivisa o la liquidación de bienes es por disolución matrimonial.

Si el Ejecutivo regional ejerce el tanteo y retracto, la vivienda se adjudicará, mediante sorteo público ante notario, entre el listado de solicitantes inscritos en el Registro de Demandantes de Vivienda de Protección Oficial.

Una vivienda de protección pública no puede ser descalificada y vendida a precio del mercado hasta los treinta años de su construcción, con algunas de las excepciones para que se pueda vender antes de la fecha de descalificación, por ejemplo si se trata de una familia numerosa y necesita una propiedad de mayor tamaño.

También se incluyen entre esas excepciones las ejecuciones judiciales de préstamo, el cambio de domicilio habitual, la imposibilidad de hacer frente a los pagos y el que sea una vivienda inadecuada para la unidad familiar.

Según los datos del Ejecutivo regional en La Rioja hay unas 22.000 viviendas protegidas, de las que se descalifican al año unas 250.