El PP defiende que al menos 4.000 millones de los fondos europeos se inyecten a familias y empresas

El diputado nacional del PP de La Rioja, Javier Merino, ha defendido que, “al menos 4.000 millones de euros de los fondos europeos se redirijan este año 2022 a las empresas y a las familias a través de incentivos fiscales, extraordinarios y temporales”.

“En el caso de las familias, puede canalizarse hacia los trabajadores aumentando su renta disponible, mientras la inflación anual supere el 3,5%, con una deducción extraordinaria y temporal de los gastos/inversiones incurridos para obtener rendimientos del trabajo o de actividades económicas (internet, gastos de transporte público o del teletrabajo) o de cualquier inversión en capital humano (formación, idiomas o actividades extraescolares) con el límite de 500 euros por trabajador”, ha explicado.

En lo que tiene que ver con las empresas, Merino ha señalado que la ayuda consistiría en una deducción extraordinaria y temporal de un porcentaje de las inversiones dirigidas a mejorar la eficacia y eficiencia de sus procesos de producción con límite en la Cuota Íntegra en el Impuesto sobre sociedades.

Javier Merino ha realizado estas afirmaciones junto al senador Carlos Yécora, con motivo de una rueda de prensa en la que han presentado el plan de medidas urgentes y extraordinarias en defensa de las familias y la economía de España que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo trasladó hace unos días al presidente Pedro Sánchez.

“Según el Banco de España, en 2021 el impacto real en la economía española de los fondos europeos apenas es de un 0,3% del PIB, menos de 3.000 millones de euros de los 24.000 millones de euros presupuestados. En 2022, la previsión es que no supondrán el 1,2% del PIB. Resulta evidente que no se están ejecutando bien, por eso proponemos que estos fondos se inyecten directamente en la economía de familias y empresas a través de incentivos fiscales, como recoge el Reglamento que regula estos fondos y como ya hacen países como Italia, Grecia o Portugal”, ha explicado Merino.

“Si no se ejecutan, en gran parte porque no superan el cuello de botella que supone la burocracia y apenas han llegado a seis mil empresas, lo que defendemos es que se reconfiguren como incentivos fiscales que mejoren la capacidad de ahorro de las familias”, ha subrayado.

Por su parte, Yécora ha subrayado que este plan “evidencia que el Partido Popular es una alternativa real de Gobierno, que parte de la responsabilidad y que contempla medidas realistas que pueden aplicarse de forma inmediata”.

En este sentido, ha insistido en la “necesidad de actuar, más aún cuando la economía española ya mostraba síntomas de ralentización desde el segundo trimestre de 2019 y en 2020 se desplomó, disparando el déficit público hasta convertirse en el mayor de todos los países de la UE. Además, la deuda pública también escaló hasta el cuarto lugar entre los países europeos”. “En 2021, la economía rebotó, como el resto, si bien el Gobierno de Sánchez no contó que antes había descendido un 40% más que el resto”, ha recordado.

En ese escenario, Carlos Yécora ha insistido en los cuatro pilares básicos que sustentan el plan del Partido Popular: “Racionalización del gasto burocrático del Gobierno, bajada de impuestos selectiva e inmediata, rediseño de los fondos europeos para hacerlos más útiles, así como el impulso a un paquete de reformas estructurales a medio plazo para incentivar la actividad”.

El senador ha subrayado que la previsión del Gobierno de recaudación vía impuestos para todo el 2022 establecía unos 9.000 millones de euros más de recaudación que en el ejercicio anterior.

“La realidad es que solo en los dos primeros meses de 2022, a causa de la inflación y el alza de todos los precios, ya se han recaudado 7.500 millones de euros más. Ya en 2021, según declaraciones de la propia Ministra de Hacienda, los ingresos se han incrementado en 61.458 millones de euros”, ha detallado.

En este escenario, “el Gobierno de Sánchez puede y debe actuar, devolviendo esa sobre recaudación al bolsillo de los contribuyentes, especialmente los que cuentan con menores rentas y sufren los estragos del incremento del IPC, así como a las empresas que sufren para llegar a fin de mes”.

“Esos ingresos con los que el Gobierno no contaba y que son fruto del esfuerzo de las familias que afrontan el alza de los precios, deben revertir a esas familias y traducirse en rebajas en el precio de los productos del carro de la compra o de los combustibles, porque cada alza del IPC en un punto se traduce en 2.000 millones de recaudación adicional para el Estado”, ha finalizado.