El Defensor del Pueblo requiere información tras la denuncia del PP sobre Calles Abiertas

El portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Logroño, Conrado Escobar, ha informado este miércoles de que el Defensor del Pueblo “va a requerir al Ayuntamiento información tras un informe de la Dirección General de Tráfico respecto al programa ‘Estrategia Calles Abiertas’”, dentro del proceso iniciado en base a la queja presentada por los populares.

Asimismo, “en el informe de Tráfico se advierte de que es necesaria una ordenanza municipal de circulación para regular la señalética viaria”, indican desde el PP.

En su queja los populares denunciaban que la señalización en las calles Sagasta, Fundición, República Argentina, Gonzalo de Berceo y Duquesa de la Victoria de Logroño vulnera los artículos 14, 15 y 19 de la Constitución Española: el derecho a la libre circulación por el territorio nacional en condiciones de igualdad y adecuada accesibilidad, y con debida garantía de su integridad física.

Los populares han recordado que “tras la admisión a trámite por parte del Defensor de la queja formulada por el Grupo Municipal Popular, la propia Defensoría inició un procedimiento de investigación y esclarecimiento de los supuestos recogidos en la misma”.

“Ayer se nos comunicó que la Defensoría había solicitado informe a la Dirección General de Tráfico y del mismo se desprende uno de los argumentos que el Partido Popular planteaba en su queja: la necesidad de una ordenanza municipal. Se extrae que se tiene que cumplir un catálogo oficial sobre señalética viaria y que esa regulación tiene que sustanciarse mediante una ordenanza municipal”, ha explicado Escobar.

En concreto, el informe señala: “en el ámbito urbano corresponderá al municipio, en base a las competencias que le atribuye el artículo 7.b) del texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, regular mediante ordenanza municipal de circulación los usos de las vías urbanas”.

Los populares han recordado que en su queja argumentaban “que se estaba empleando la vía de hecho y que no hay un procedimiento administrativo que soporte las señalizaciones ejecutadas”.

Asimismo, han recordado los informes técnicos municipales existentes del Jefe de Seguridad Vial y Tráfico de 30 de junio de 2020 y de Policía Local emitidos sobre la señalética de las calles Fundición y Sagasta.“Está claro que hay una legalidad que no se cumple y que se está poniendo en riesgo derechos fundamentales”, ha señalado Escobar.

A partir del mes de mayo de 2021 el Estado de Alarma decae y con ello la provisionalidad de las medidas que se venían adoptando. “A partir de ese momento no hay cobertura ni de la Resolución de Alcaldía dictada en mayor de 2020 ni de normativa nacional para sustentar la señalización que se está aplicando”, argumentan.

“Pero a partir de mayo se produce lo que se denomina vía de hecho y se consolidan acciones sin los informes técnicos necesarios, incluso con informes desfavorables de algunas unidades técnicas municipales y sin la Ordenanza de Movilidad que diera soporte a la señalética utilizada”, ha señalado Celia Sanz.

Los populares han recordado que a mediados de febrero, ampliaron la queja presentada en octubre “adjuntando los informes de Asesoría Jurídica, Dirección General de Contratación e Intervención General, respecto a las 32 facturas declaradas nulas y que corresponden también a actuaciones del programa ‘Calles Abiertas’”.

Informes en los que se constata que las contrataciones se realizaron “prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecimiento y que se hizo de manera continuada”, han señalado.