El PR cree que la Ley de Agricultura no plantea soluciones concretas

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El presidente del Partido Riojano, Rubén Antoñanzas, ha mantenido hoy una reunión con el secretario general de Arag-Asaja, Igor Fonseca, para trasladarle la preocupación de su formación política ante la situación de los agricultores y ganaderos de La Rioja, con el objetivo de “conocer de primera mano los principales problemas que sufren estos colectivos en nuestra Comunidad Autónoma”.

Antoñanzas se ha preocupado, en concreto, “por los altos precios de las semillas, abonos y combustibles, además de otras cuestiones que afectan negativamente al sector agrario, que actualmente pasa por un momento especialmente difícil”.

Asimismo, el presidente de los regionalistas ha mostrado interés en el posicionamiento de Arag-Asaja respecto a la Ley de Agricultura y Ganadería que la Consejería de Agricultura presentó el pasado mes de enero y que Fonseca ve con “muchos buenos propósitos” pero “poco ambiciosa”.

Por todo ello, el presidente del PR+ se ha informado de las alegaciones que la organización agraria ha presentado a la nueva Ley, con el objetivo de tomar conciencia de las medidas que los agricultores reclaman que se incluyan en el texto de la norma para hacerla eficaz y más realista. Antoñanzas coincide con el planteamiento de Arag-Asaja al entender que “se trata de una Ley con muchas declaraciones de intenciones y mucho texto, pero realmente no plantea soluciones concretas a los problemas y necesidades que el propio texto de la Ley indica que hay que resolver”.

Durante el encuentro de trabajo, ambos responsables abordaron también la grave situación de los agricultores ante la sequía y la falta de pastos, que van a implicar sobrecostes, por lo que el Gobierno de La Rioja debería ser sensible y tenerlo en cuenta.

Antoñanzas ha recordado que “los agricultores riojanos y las explotaciones ganaderas dan trabajo a miles de riojanos, manteniendo un modelo respetuoso con el medio natural y de bienestar animal, por ello debemos defenderlos y mimarlos, tal y como hacen los gobiernos de otras comunidades autónomas como País Vasco o Cantabria”.

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