El Gobierno impulsará una mesa de diálogo sobre la responsabilidad social en la cadena alimentaria

El Gobierno impulsará una mesa de diálogo sobre la responsabilidad social en la cadena alimentaria

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La presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, y la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población, Eva Hita, se han reunido esta mañana con los presidentes de las organizaciones profesionales agrarias ARAG-Asaja, UAGR-COAG y UPA Rioja en la sede del Gobierno regional para analizar medidas en favor de la rentabilidad, competitividad y sostenibilidad de la agricultura y la ganadería riojana. La reunión se ha realizado después de la tractorada que ha recorrido las calles de Logroño.

El Gobierno de La Rioja comparte con las organizaciones profesionales agrarias el compromiso de un futuro por los profesionales de la agricultora y ganadería. El Gobierno de La Rioja impulsa una política agraria a favor de un futuro para el sector y trabaja con el sector en los retos para favorecer un medio agrario del siglo XXI competitivo, rentable, sostenible e innovador y para afianzar su contribución como sector clave en la recuperación y transformación de la región.

El Gobierno de La Rioja ha transmitido a las organizaciones profesionales agrarias que volcará todos sus esfuerzos en la implementación de la nueva Ley de la Cadena Alimentaria desde sus competencias autonómicas. El Gobierno de La Rioja ya avanzó de forma pionera entre las Comunidades Autónomas para aportar la mayor transparencia al mercado agrario con la creación por parte de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población del Observatorio de Precios con análisis de los costes de producción que ya ha realizado y publicado cien análisis de costes de producción, entre ellos, de los principales productos de la rama agraria de La Rioja.

Para lograr una cadena agroalimentaria justa y equilibrada, el Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población, ha transmitido a las organizaciones profesionales agrarias que impulsará la involucración de todos los integrantes de la cadena agroalimentaria, de un modo transversal e inclusivo, en una mesa de trabajo que promulgue la responsabilidad social en el sector agroalimentario para comprometer a todos los integrantes de la cadena en el pago de precios justos a agricultores y ganaderos y la adhesión a un manifiesto de precios dignos.

La Consejería de Agricultura trabajará con las organizaciones profesionales agrarias, en una reunión que se celebrará próximamente, en la identificación de estos actores de la cadena agroalimentaria para formar parte de esta mesa de trabajo.

En su acción a favor de la agricultura y ganadería y el medio rural riojano, el Gobierno de La Rioja ha impulsado, además, la primera Ley de Agricultura y Ganadería de la Comunidad Autónoma de La Rioja, actualmente en fase de información pública. La ley resuelve un déficit histórico y supone una oportunidad para contribuir a la rentabilidad y sostenibilidad de la agricultura y ganadería y proteger el modelo de la producción agraria basado en pequeñas y medianas explotaciones que ha impulsado de forma decisiva el desarrollo económico de la Comunidad Autónoma de La Rioja. La futura ley incluye diversos beneficios fiscales y se alinea con los compromisos del Gobierno de La Rioja como la igualdad de género y el apoyo a los jóvenes -con medidas de discriminación positiva-, la sostenibilidad, la investigación y la innovación.

Ayudas para la competitividad y rentabilidad del sector primario

Para respaldar la competitividad y rentabilidad del sector primario, el Gobierno de La Rioja ha destinado, además, ayudas por valor de 8,8 millones de euros en los planes de reactivación de la ADER en el contexto COVID-19. Asimismo, se han puesto a disposición del sector 1,4 millones de euros en diferentes ayudas: ayudas al mantenimiento de la ganadería extensiva; ‘ticket agrario’, para el impulso y establecimiento de pequeñas explotaciones agrarias y ganaderas de jóvenes profesionales agrarios; complemento de ayudas estatales en diversos sectores de actividad que se han visto afectados por la crisis económica; bonificación de intereses de préstamos y se ha concedido ayudas para amortiguar el esfuerzo de las explotaciones en el acceso a la financiación. La llegada de 6,11 millones de euros en ayudas de crisis al sector vitivinícola riojano para el almacenamiento privado de vino y cosecha en verde ha sido también un apoyo imprescindible para equilibrar la oferta y demanda de vino ante el cierre del canal HORECA por la COVID-19.

Asimismo, el Gobierno de La Rioja está acompañando al sector agrario en la necesaria transición hacia sistemas de producción agroalimentaria sostenibles en beneficio de los productores, consumidores, el clima y el medio ambiente con el impulso del primer Plan Estratégico de Producción Agraria Sostenible, pionero en el abordaje integral de la sostenibilidad en las explotaciones agrarias, y el primer Plan de Agricultura Ecológica de La Rioja en colaboración con el sector agrario.

Una PAC en favor de la agricultura familiar y profesional

En paralelo, el Gobierno de La Rioja ha logrado una PAC para La Rioja, más justa, más social, más igualitaria, más innovadora y más medioambiental. Se cuenta con un presupuesto sólido para la PAC española en el periodo 2021-2027, ligeramente superior al del periodo anterior, que sumará más de 50.000 millones de euros, con la cofinanciación del Estado más la de las comunidades autónomas.

Las demandas de la Rioja se han visto reflejadas de una manera importante para defender al modelo de agricultura familiar y profesional que define a La Rioja. Como ejemplo, la introducción del pago redistributivo –que se cobra solo en las primeras hectáreas de la explotación- para beneficiar a las pequeñas y medianas explotaciones; la asignación de nuevos derechos de pago a agricultores activos hasta ahora no integrados en el pago básico, que supondrá una oportunidad de incluir a los viticultores en la PAC; el apoyo adicional a los jóvenes; la introducción por vez primera en la PAC del eje género con ayudas específicas para impulsar la incorporación de la mujer a la actividad agraria, así como el mantenimiento de las ayudas vinculadas al sector ganadero y la subida de las primas para el ovino-caprino.

La ganadería es, además, una prioridad para la nueva PAC. En la nueva PAC el sector de la ganadería va a contar con la ayuda básica a la renta; los ecoesquemas; las ayudas asociadas a determinados sectores para mejorar la competitividad, sostenibilidad y calidad de las producciones; pago redistributivo orientado a las pequeñas y medianas explotaciones, y las ayudas de desarrollo rural.

La futura Ley de Agricultura y Ganadería también recoge el objetivo estratégico del Gobierno de La Rioja de la promoción de la ganadería extensiva, al constituir, por las características del territorio y el tipo de explotación predominante en La Rioja, la actividad más importante que se desarrolla en la Sierra de la región. El anteproyecto de ley reconoce que los beneficios de la ganadería extensiva son muchos y muy importantes para la conservación del medio ambiente y de amplias zonas dedicadas al pastoreo. Destaca que es una actividad económica productiva verdaderamente sostenible y que contribuye decisivamente a la conservación del paisaje y de la biodiversidad y a la amortiguación del cambio climático.

Apuesta por los regadíos

Entre las prioridades del Gobierno de La Rioja para impulsar la actividad agraria, el Gobierno regional está realizando, asimismo, una apuesta histórica a favor de los regadíos como una acción decidida contra el cambio climático, a favor de la protección del medio ambiente, la preservación de los paisajes y la biodiversidad, el mantenimiento de un medio rural vivo ante el reto demográfico y una cadena alimentaria equilibrada. La Rioja está abordando un número de proyectos de modernización, consolidación y transformación de regadíos que no se había acometido nunca. Y está recibiendo un apoyo histórico presupuestario gracias al respaldo de la financiación del Gobierno de España y la Unión Europea, a través del Plan de Modernización de Regadíos, y el apoyo adicional del Gobierno regional.

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