Piden al Gobierno regional que exija a las eléctricas que corrijan los tendidos

Amigos de la Tierra La Rioja recuerda, en un comunicado, que “las empresas eléctricas son las responsables de sufragar y corregir los tendidos eléctricos, no el Gobierno regional”.

Subraya que “la mortalidad de aves por colisión y electrocución con tendidos eléctricos es un problema ambiental de primer orden y en particular constituye el factor de amenaza más relevante para la conservación de nuestras aves rapaces. En España más de cinco millones de aves mueren anualmente como consecuencia de la electrocución, de las que no menos de 33.000 son rapaces, protegidas por la legislación nacional e internacional. Por tanto, solo en La Rioja podrían perecer más de 50.000 aves anualmente por dicho motivo”.

Este “elevado daño que producimos a la fauna salvaje mediante las electrocuciones” hace, para Amigos de la Tierra, que este “gravísimo” problema ambiente pase por la agenda política y por los programas de las Administraciones competentes.

El marco de regulación nacional es el Real Decreto 1432/2008, que establece las medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión. En cambio, el marco normativo de referencia regional en estas cuestiones está “obsoleto”, según este colectivo, y muestra “una falta de actualización con respecto a la norma nacional y europea, ya que se remonta a 1998 (Decreto 32/1998, de 30 de abril, por el que se establecen las normas de carácter técnico para las instalaciones eléctricas con el objeto de proteger la avifauna)”.

No obstante, además del marco nacional de referencia, otras leyes estatales inciden en la necesidad de garantizar la conservación de las especies amenazadas y establecen claras obligaciones legales de prevención y evitación de daños medioambientales por el riesgo de electrocución de fauna, tales como la Ley 26/2007 de Responsabilidad Medioambiental, la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, la Ley 21/1992, de Industria, y la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental.

“El cumplimiento de estas obligaciones de prevención y evitación de daños ambientales ha de ser asumido expresa y legalmente por quienes generen esas actividades de riesgo”, lo cual emana de la Directiva 2004/35/CE de Responsabilidad Medioambiental, traspuesta mediante la Ley 26/2007 de Responsabilidad Medioambiental. Eso significa que “la obligación de asumir y reparar los costes ambientales corresponde al operador económico y profesional que lleve a cabo la actividad, no a la administración”, explican.

“Es cierto que las administraciones no pueden permanecer pasivas ni omitir, por competencia legal, sus responsabilidades en el requerimiento y/o subsanación de este problema de protección de la avifauna, pero lo han de hacer exigiendo a los titulares de las líneas eléctricas, en definitiva, a las compañías eléctricas, como Iberdrola”.

En los presupuestos generales de La Rioja se viene apoyando mediante convenios a partes iguales a las empresas eléctricas para que corrijan los tendidos eléctricos. En el pasado ejercicio 2021 la partida fue de 59.987,00 euros, mientras que en los presupuestos correspondientes al 2022 asciende a 50.000 euros. En el caso del convenio firmado el pasado año entre la empresa Iberdrola y el Gobierno de La Rioja ambos aportaron la misma cantidad, 59.987,00 euros.

Amigos de la Tierra de La Rioja consideran que “resulta difícil explicar a la ciudadanía que el Gobierno de La Rioja, en un contexto con precios energéticos infraccionados, en un territorio en el que el 15,1% de los hogares tiene una situación de pobreza energética, siendo la 4º comunidad autónoma española con esa mayor tasa, invierta recursos públicos en convenios con empresas eléctricas para la responsabilidad de acciones que corresponde inequívocamente a dichas empresas”.

Desde Amigos de la Tierra de La Rioja exigen que se actualice el marco normativo regional en consonancia con los preceptos nacionales, con el objeto de que se corrijan todas las líneas eléctricas que ocasionan problemas a las aves, pero además se preguntan:

- ¿Con 120.000 euros anuales, de los que el 50% son a cargo del erario público, se soluciona un problema ambiental tan grave?

- ¿Por qué el Gobierno de la Rioja realiza una inversión pública, y no exige a los operadores eléctricos privados el cumplimiento de la legislación, obligando a dichos operadores a corregir los tendidos eléctricos, como les demanda la legislación nacional?

- Si los beneficios de una explotación son privados: ¿los perjuicios (reparar y corregir los daños ambientales) han de ser sufragados con dinero público?

Desde su punto de vista, no consideran “ni ético, ni razonable, ni legal, que con dinero público se deban corregir parcialmente las líneas eléctricas operadas por empresas privadas. Algunas de esas empresas, que además se autopublicitan como verdes, omiten sus responsabilidad ambientales y legales, y el Gobierno de La Rioja, en vez de exigir las responsabilidades y la inversión para paliar y corregir los problemas, firma convenios con ellas, sufragados al 50% con dinero público y además con inversiones ridículas que difícilmente resuelven el problema a corto plazo”.