La Administración estatal deberá pagar dietas por asistir a exámenes de promoción interna

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), ha informado de que una sentencia del Tribunal Supremo le da la razón y obliga a la Administración General del Estado (AGE) a abonar dietas a empleados públicos que tengan que desplazarse a otra localidad para asistir a exámenes de promoción interna.

“La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo ha desestimado el recurso de casación interpuesto por la Administración del Estado contra una sentencia previa del TSJ de Madrid que ya reconoció este derecho a una empleada pública”, explica el sindicato.

“Tal y como ha defendido CSIF a lo largo de los últimos años, en los que ha emprendido diferentes procedimientos judiciales, el Supremo fija como doctrina el reconocimiento de esta indemnización, como establece el artículo 7 del Real Decreto 462/2002, por ello CSIF ha solicitado a la administración que se allane a todas las reclamaciones pendiente de resolver y proceda al abono inmediato de las dietas. Desde que se promulgó este Real Decreto, la Administración estuvo aplicando las indemnizaciones. Sin embargo, desde 2010 se modificó el criterio y se empezaron a denegar coincidiendo con la crisis económica”, ha añadido.

Esta sentencia, explica, “afecta a centenares de personas que a lo largo de los últimos años se han tenido que desplazar a una localidad diferente de su residencia habitual para realizar pruebas selectivas”. Por ello, CSIF ha iniciado una campaña para que todas aquellas personas que estén en esta situación puedan reclamar sus dietas.

“En La Rioja, esta sentencia beneficiaría a todos los trabajadores de la AGE que decidan promocionar, ya que habitualmente tienen que desplazarse hasta Vitoria donde suelen realizar estas pruebas. Recordamos que en nuestra comunidad hay 1.232 empleados públicos al servicio de la Administración del Estado”, ha indicado.

CSIF insiste en que ya se dirigió en 2017 a la Agencia Tributaria “para que dictara las instrucciones oportunas para indemnizar a sus funcionarios ante los numerosos pronunciamientos de los tribunales en sentencias ganadas por nuestro sindicato. Sin embargo, la Agencia Tributaria rechazó esta pretensión y decidió recurrir al Supremo que finalmente nos ha dado la razón”.