Las defensas de los acusados de tráfico de drogas piden anular las intervenciones telefónicas

Las defensas de los acusados de tráfico de drogas piden anular las intervenciones telefónicas

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Las defensas de los acusados de tráfico de drogas y pertenencia a banda criminal han solicitado la nulidad de las intervenciones telefónicas, y de todas las pruebas directas e indirectas conseguidas con ellas, por considerar que no estuvieron justificadas.

La Audiencia Provincial celebra, en la mañana de este martes, la primera vista oral del juicio a veinte acusados de pertenecer a una banda criminal dedicada al tráfico de drogas en diversos municipios de La Rioja, País Vasco y Navarra y que ayer hubo de suspenderse por considerar las defensas que la sala no cumplía el protocolo anti-COVID.

La sesión ha comenzado con las cuestiones preliminares, en las que las defensas han coincidido en considerar inconstitucionales las intervenciones telefónicas con las que comenzó la investigación y, por tanto, las pruebas conseguidas con ellas.

Así, apoyándose en la teoría del 'árbol contaminado' han argumentado que las pruebas estarían contaminadas por la injustificación de las intervenciones tanto al teléfono fijo como al móvil del acusado J.A.H, en cuyo domicilio de Lardero se centralizaría el tráfico de speed.

Ante esta cuestión, la fiscal del caso ha negado esta máxima y se ha opuesto a la nulidad, considerando que el auto que motivó las intervenciones telefónicas del 16 de enero de 2019 está motivado, ya que “consigna los indicios más allá de la mera sospecha” y no vulnera ningún principio.

El abogado de J.A.H, para el que las intervenciones telefónicas vulneran el derecho al secreto de las comunicaciones, ha entendido que no había motivación para las escuchas telefónicas y se vulneraron los principios de idoneidad y proporcionalidad.

Para este letrado, y dado que la investigación llevaba once días en marcha cuando se optó por las escuchas, deberían haberse utilizado, primero, otros métodos “que podrían haber contribuido al desarrollo de la investigación, como la ampliación de la vigilancia, sin necesidad de intervenir las conversaciones telefónicas”.

En este mismo sentido, el abogado de A.G ha llegado a calificar la investigación de “inquisitoria”, aduciendo que para los agentes era “más cómodo” pinchar los teléfonos que “acudir a los domicilios y buscar una investigación en profundidad”.

Para apoyar estas argumentaciones, el abogado de J.A.H se ha apoyado en el informe preceptivo del propio Ministerio Fiscal del 14 de enero de 2019 en el que se apunta a la conveniencia de haber realizado, previamente, una ampliación de la vigilancia así como concretar la titularidad de la vivienda y los teléfonos.

Ha relatado como tras “apenas” once días de investigación, los agentes del Grupo UDYCO de la Brigada Provincial de Policía Judicial detuvieron a dos personas y les interceptaron speed.

Esto, y el hecho de que afirmaran que se lo había vendido J.A.H, motivó que se interviniera el teléfono de este último “pero no hay análisis”, ha dicho, “ni prueba objetiva de que lo que les interviene es speed”. Una medida “tremendamente restrictiva”, ha creído, máxime cuando en esa casa vivían otras personas que también usaban el teléfono.

Niegan el tráfico

Cuando ha sido interrogado, J.A.H ha reconocido ser consumidor: pastillas, cristal, speed, hachís... Su casa, unifamiliar, ha contado, tenía un garaje en el que tenía montado un chamizo, o 'chill out' como lo ha definido uno de los abogados, que reunía muchas personas porque tenía un equipo de música.

“Si nos tirábamos tres días de fiesta podríamos consumir diez gramos de speed y tres o cuatro pastillas de éxtasis en una noche”, ha relatado. Pero ha negado tajantemente dedicarse a la venta y también ha rechazado que D.S se la fabricara: “Comprábamos a medias porque teníamos vicio pero no las cocinaba él”, ha dicho.

El propio D.S, que se ha definido como “amigo cercano” de J.A.H, con el que se drogaba, ha negado fabricar droga o comprar medicamentos, y productos, para hacerlo. Cuando la fiscal le ha referido una de las conversaciones telefónicas en la que supuestamente estaría vendiendo droga ha negado ser él.

Ha relatado que se trasladó a la casa en Labraza (Álava), donde se le acusa de tener un laboratorio de droga, para salir del ambiente del consumo y desintoxicarse, además de “pensar” tras haber discutido con su pareja. De ésta (M.P.L) ha dicho que le ocultó el consumo, hasta que fue demasiado evidente y entonces ella le cuidó, pero ella nunca se drogó.

Ha asegurado no haber conocido a V.V (al que la Policía considera el líder) antes de entrar en la cárcel ni pertenecer a ninguna banda. Del resto, conocía algunos del ambiente del consumo de drogas.

“Había días que nos pasábamos, no nos hemos muerto de milagro”, ha dicho. También ha contado que participó en Proyecto Hombre y consiguió una plaza en el Ayuntamiento, pero tuvo una depresión, volvió a drogarse y perdió su trabajo.

En la sesión de hoy, también ha testificado A.G.A, al que el escrito de acusación señala como suministrador a gran escala de V.V (y quien estaría por encima de esta organización además de estar asentado en Cantabria y el País Vasco).

A.G.A ha dicho que conoció a V.V por haberle vendido varios coches, y nada más. Al resto ha negado conocerles (salvo a otro de los acusados y también por haberle vendido un coche). Ha rechazado que hubiera una banda criminal: “No tengo ningún grupo de nada, conozco a dos personas por venderles un coche”, ha afirmado.

Así, en una de las conversaciones con V.V en la que se hablaba de dinero ha asegurado que era por la venta de un turismo: “Si fuese dinero por droga lo cogería en la calle, no lo pediría en una cuenta”, ha dicho.

Después, a preguntas de su abogado ha contado que tiene una enfermedad cardíaca, lleva una válvula, le han sustituido la aorta y acude periódicamente al hospital en varios sitios diferentes y tiene mujer e hijos.

Ha explicado que tiene que estar siempre cerca de un hospital, no puede irse ni de vacaciones, y la prisión en régimen domiciliario en la que se encuentra desde hace dos años le impide, a veces, acudir a sus citas médicas si los agentes de la Guardia Civil que le tienen que acompañar están en un servicio.

El juicio se desarrollará, en principio hasta el 22 de diciembre (incluido), aunque podría prolongarse más días. Este miércoles proseguirá con más declaraciones de los acusados, entre ellos V.V, que hoy no ha podido intervenir por una dolencia en la boca.

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