El fiscal rebaja la petición de pena a uno de ellos por enfermedad mental: firmó como Lucifer

La Fiscalía ha elevado a definitivas las acusaciones a los ocho imputados por los delitos de desórdenes, atentado a agentes y lesiones, reconociendo no obstante la atenuante de enfermedad mental a uno de ellos. Las defensas, que habían pedido la absolución, han admitido parte de los hechos.

La quinta sesión del juicio por los desórdenes ocurridos el 31 de octubre de 2020, en el marco de una concentración no autorizada contra las medidas anti-COVID, ha comenzado, poco después de las nueve de la mañana de hoy, con las conclusiones de las partes.

Desde la acusación, el fiscal ha mantenido los hechos y, únicamente, ha añadido un párrafo para el acusado S.F al que le reconoce enfermedad mental, dado que incluso había pedido el ingreso la víspera de los hechos, y le rebaja la petición de pena de los diez años que le solicitaba a tres.

Así, ha relatado cómo el acusado precisó ingreso del 5 al 16 de octubre y, la víspera de estos hechos, se personó en los servicios de Salud Mental pidiendo ayuda y se iniciaron los trámites para un nuevo ingreso, que no se había producido aún. Incluso, firmó su declaración como Lucifer.

De este modo, le aplica la atenuante de alteración psíquica y le reduce la petición inicial de diez años a tres. Su abogada, por contra, pide la eximente completa para él, que se absuelto de los desórdenes, daños y atentado y sólo se le aplique un leve hurto por coger unas zapatillas de un maniquí y se le ponga una multa de tres meses.

Las defensas

En esta última sesión, las defensas, mientras en la primera sesión del juicio habían pedido, todas, la absolución, tras los distintos testimonios escuchados seis de los ocho han reconocido parte de los hechos.

El abogado de B.G. ha admitido desórdenes públicos, pero ha pedido la atenuante de confesión de infracción, así como la reparación del daño al haber pagado mil euros. Por tanto, solicita para ella dieciocho meses (le piden diez años).

La abogada de D.C. ha admitido el robo con fuerza (en Lacoste) pero no los desórdenes ni atentado a los agentes, por lo que solicita un año de prisión (frente a los doce que pide fiscalía).

La defensa de L.M, al que la acusación pública pide 15,5 años y ve como instigador, pide que se le absuelva del robo con fuerza, o lo considere un delito de daños; y admite los desórdenes pero pide la atenuante de adicción y obcecaciones.

El abogado de J.C. insiste en la absolución y el de G.B., el mismo letrado, pide que se le aplique un delito leve de receptación por el bajo valor de lo sustraído en Lacoste. Por último, la defensa de J.B. se ha apoyado en la atenuante de drogadicción, pide una prisión seis meses y sin responsabilidad civil.

El alegato de los acusados

El informe final del fiscal

En su informe final, el fiscal se ha apoyado en el “caos global” para corresponsabilizar a todos los acusados, aunque a uno de ellos sí le ha reconocido la atenuante de una enfermedad mental.

En la sesión de hoy, la quinta y última, el fiscal ha considerado que este juicio nada tiene que ver con las ideas que movieron a una serie de personas a acudir inicialmente al Espolón, en un contexto “difícil” para el país.

En este sentido, ha visto que no se puede tolerar que en un país democrático en el que la Constitución recoge la defensa pacifica de las ideas esto se torne en una “espiral de violencia”; porque, ha dicho, es lo que ocurrió ese día.

“Lo que ocurrió ese día es que Logroño sufrió en su paz cívica, la ciudadanía experimentó un impacto emocional”, ha dicho añadiendo que el orden público “se mantuvo porque la policía actuó con rapidez y prudencia”.

De este modo, ha indicado, se produjeron unos desórdenes en el transcurso de unas acciones delictivas, descritas como atentados a agentes, lesiones y robos con fuerza.

Para el fiscal, no se puede “extirpar” si alguien ha participado en un acto concreto; “no se puede decir que una persona ha tirado una piedra, porque esa piedra no se tira sin el caos global, que es lo que le ampara y acoge”.

También, “no se asalta puntualmente la tienda de Lacoste, no es un robo puntual”, porque “esa masa se atreve porque sabe que está envuelta en el caos”.

Para el fiscal, la responsabilidad es individual pero una vez que se daña los resultados se imputan a todos y hay un dolo compartido y un vínculo de solidaridad, dentro de un plan que va surgiendo. “Me da igual una gorra o cinco maniquís, hay un vínculo de responsabilidad que les corresponsabiliza”, ha dicho.

Las grabaciones, ha aseverado, están hechas en un espacio público, y cuentan lo mismo que la policía. En cuanto a los acusados, se ha referido a J.C como uno de los pocos cuya fuente está centralizada en un policía, el cual “fue repreguntado y dijo estar totalmente seguro”.

A D.C, cuya llegada al Espolón la atribuye al momento en el que los disturbios habían comenzado, le ha considerado partícipe de los cuatro delitos y ha resaltado que, cuando una persona empuja un contenedor, lo hace para crear una barricada con la que evitar que la policía pueda acceder; y parapetarse.

A J.B le ha visto una acción “más puntual” (se le atribuye tirar una piedra y portar una gorra de Lacoste). “Aunque no me conste que participó de la rotura del cristal se está aprovechando del escenario”, ha dicho.

De H.P ha visto que “no se puede decir que participas en el robo y no en los desórdenes”; y ha rechazado el acto de tortura que denuncia, porque ni tan siquiera ha salido en el interrogatorio a los agentes.

De S.F, aún reconociéndole un problema de salud mental ha visto que su actuación “no está legitimada” y, aunque no tirara ninguna piedra, estuvo “codo con codo” con quien sí lo hizo.

De G.B ha visto “menor intensidad” y una actuación “episódica” pero ha negado creerse que estuviera jugando al Monopoli y su padre le mandara “a la otra punta” a dejar el coche en el garaje.

A B.G le ha visto una “vinculación” a la concentración inicial de indignación, pero ha destacado que en el vídeo tres y cuatro se observa “con claridad tremenda” lo que hizo y, considera que “no sólo comete desórdenes quien los realiza sino también quien está incitando o refuerza”.

Le ha considerado “una ficha importantísima” en el “tablero” que es la manifestación. Ha señalado que movió un contenedor en Vara de Rey y ha calificado como “no creíble” que el 'a por ellos' que gritaba fuese referido a los manifestantes y no a la policía.

A L.M le ha atribuído discursos que inyectan odio en su Instagram. “Cualquiera se escandalizaría de desear la muerte a los homosexuales, pues en estos contenidos habla de muerte a la policía, que es un sujeto pasivo igual de respetuoso”, ha dicho.

De la actuación policial del 13 de septiembre, cuando sus palabras les hicieron levantar un aviso por posible preparación de atentado terrorista (al decir que todo iba a cambiar en dos meses), ha pedido que, aunque la actuación fue correcta, en preventivo, no se “deslice la idea” de que pueda estar relacionado con el mundo terrorista.

En cualquier caso, ese 31 de octubre, si bien no fue un convocante, su actitud fue “destacada, activa e intensa”, señalando que la policía sí le vio en El Espolón y envuelto en una “escena de violencia impresionante”.

“Iba y venía arengando y en el vídeo seis se le oye decir hoy estamos todos juntos”, ha dicho considerándolo “uno de los puntos más importantes del tablero”.