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La Policía sanciona a dos personas por el uso indebido de drones, uno de ellos durante la visita del Rey

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La Unidad de Especialistas de Seguridad y Protección Aérea de la Jefatura Superior de Policía de La Rioja ha propuesto para sanción ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) a dos personas por el uso indebido de drones en diferentes zonas de Logroño, teniendo actualmente tres investigaciones en curso.

La Unidad de Especialistas de Seguridad y Protección Aérea

Dicha Unidad se puso en funcionamiento en esta Jefatura Superior en noviembre del año pasado, asumiendo las funciones de policía administrativa de aviación civil y tiene entre sus funciones fortalecer la seguridad pública en general y la seguridad aérea y operacional en especial, ocupándose de que las actividades aeronáuticas privadas y deportivas se desarrollen en condiciones de seguridad, además de velar de forma especial por el control de la utilización de drones en el espacio aéreo de las ciudades y núcleos urbanos.

Entre los cometidos de la Unidad, destacan el control de operaciones programadas por las distintas operadoras del sector, la coordinación con gestores del espacio aéreo y diversas organizaciones, manteniendo una comunicación constante y la investigación de todos aquellos avistamientos de aeronaves no tripuladas en demarcación policial, tramitando con AESA todas las propuestas de sanción que se lleguen a materializar.

Con estos equipos, la Policía Nacional materializa a nivel nacional el ejercicio de la competencia como Policía Aeronáutica, velando por que la aviación ajuste su actividad a las normas dictadas para su ejercicio por la Ley de Navegación Aérea, la Ley de Seguridad Aérea, el Reglamento de Circulación Aérea, el Real Decreto 1036/2017 que regula la utilización civil de drones, así como, por supuesto, la aplicación de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, el Reglamento Europeo de Protección de Datos de Carácter Personal o el Código Penal, entre otras, en los casos que sea necesario para prevenir o perseguir infracciones administrativas o penales.

Vuelos obligados de comunicación

De entre todas las funciones a desarrollar, una de las más habituales es la de conocer con suficiente antelación todos los vuelos obligados de comunicación que se vayan a realizar en el espacio aéreo.

Dichos especialistas deben verificar todos aquellos aspectos relacionados con la operación aérea, y que ésta cuenta con las autorizaciones administrativas necesarias y, además, con el seguro de responsabilidad civil obligatorio.

Durante los meses de enero y octubre, Agentes de esta Jefatura Superior han propuesto para sanción ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) a dos personas por el uso indebido de drones en dos vuelos ilegales en diferentes zonas de Logroño, si bien actualmente se está llevando tres investigaciones en curso.

Uno de los casos detectados en lo que va de año se produjo en un dispositivo especial con motivo de la visita de S.M. El Rey de España, dónde los sistemas anti-dron desplegados, detectaron el vuelo de un aparato en la zona de restricción aérea.

Otro de los casos detectados se produjo cuando una patrulla detectó visualmente el vuelo de un dron en el municipio de Logroño, el cual estaba afectado por una zona restringida de vuelo, no teniendo el piloto ninguna autorización ni los demás documentos necesarios para volar su dron.

Así mismo, se ha comprobado la totalidad de vuelos profesionales que se han realizado en la ciudad de Logroño, que en este momento se contabilizan hasta 4 vuelos de operadores profesionales, para realización de sus trabajos, que varían desde fotografía/vídeo hasta trabajos de arquitectura y marketing.

Como norma general, es necesario que el operador del dron informe del vuelo que pretende realizar en espacio aéreo controlado con un mínimo de diez días de antelación al Ministerio del Interior a través de la Oficina Electrónica.

La cuál remitirá a la Policía Nacional aquellas comunicaciones de vuelos que precisen realizar la correspondiente supervisión por el Especialista de Seguridad y Protección Aérea.

El objetivo es evitar que el vuelo de un dron pueda interferir en la trayectoria de una aeronave y cause daños personales y materiales. El uso irregular de drones puede constituir infracciones a la Ley 21/2003 de Seguridad Aérea, cuyas multas oscilan entre 6.000 y 600.000 euros.

Además aquellos drones que estén equipados con cámaras también deben cumplir con la normativa reguladora sobre protección de datos de carácter personal.

La Policía Nacional quiere concienciar a los usuarios de la importancia de realizar un vuelo seguro sin poner en riesgo a otros usuarios del espacio aéreo, o a las personas o los bienes en tierra, y que se perseguirán todos aquellos casos que puedan constituir infracciones administrativas o penales por el uso de estas aeronaves, o de cualquier otro tipo (globos aerostáticos, aeromodelos, ultraligeros…).

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