Las empresas de ambulancias, contra la creación de una empresa pública

La Federación Nacional de Empresarios de Ambulancias (ANEA) ha expresado su rechazo a la estrategia de las comunidades autónomas de La Rioja y Baleares que, al impulsar “la creación con dinero público de nuevas empresas que asumen todos los servicios de transporte sanitario”, crea un “nuevo modelo de sobrecostes e inseguridad jurídica”.

Asimismo, denuncian que rompen el actual modelo de colaboración entre administraciones y empresas que se ha asentado en España durante la última década. Según ANEA, el nuevo modelo de empresas públicas de transporte sanitario impuesto por estas comunidades “supone un ataque directo contra el sector empresarial que ha consolidado en España un sistema profesional y moderno, que ha demostrado ser más eficiente, tanto económica como asistencialmente”.

Pero también implica un comportamiento “irresponsable” hacia el dinero de los contribuyentes, puesto que la creación de estas empresas públicas “supone un sobrecoste en la gestión y financiación de los servicios que supera el 50 por ciento”, al tiempo que se genera inseguridad jurídica “para cientos de trabajadores y profesionales del transporte sanitario” que, advierte, “están siendo subrogados directamente dentro de la administración pública, sin haber superado ninguna prueba”, un aspecto que puede desencadenar las denuncias de otros trabajadores públicos del sector sanitario o de los servicios de transporte sanitario.

ANEA pide a las comunidades autónomas avanzar en el modelo de colaboración entre Administración y empresas privadas que ayude a detectar los nuevos retos que tiene el transporte sanitario, implementando medidas y acuerdos que hagan posible perfeccionar el actual modelo de colaboración. Y asegura que “sus empresas asociadas han demostrado ser eficientes en la gestión del transporte sanitario”.

Por ello, no entiende que La Rioja quiera seguir el paso dado por Baleares que hace tres años cuando creó la empresa pública Gestión Sanitaria y asistencial de las Islas Baleares (GSAIB), “la cual arrastra ya un sobrecoste de casi 6 millones de euros y unas pérdidas estimadas en 3,5 millones de euros, cantidades que se repercuten directamente en el bolsillo de los ciudadanos”, advierten.